Retroceso Ley Seguridad

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos.

En respuesta, una coalición de diez organizaciones internacionales, comprometidas con los derechos humanos y el Estado de derecho, hacen un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto de la ley, al tiempo que anuncian la integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga “guerra contra las drogas"- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles.

Durante los últimos diez años, esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México.

La Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

En ese sentido, la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional -una coalición permanente de organizaciones internacionales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica- servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a las crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. El Observatorio también continuará dialogando con las autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional.