Ley de Seguridad Interior negocio legislativo DH

Olvidando sus obligaciones en materia de derechos humanos, y desconociendo los datos estadísticos que registran el aumento de la violencia en México a raíz de la intervención de las fuerzas armadas en labores amplias de seguridad pública, el PRIAN en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior.

Faltando un par de semanas para concluir el actual periodo ordinario y teniendo una importante agenda legislativa por abordar temas prioritarios como la reforma integral a la Fiscalía General, la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento del Fiscal Electoral, el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, entre otros asuntos, tanto el PRI como el PAN han decidido de manera completamente ilógica, que la prioridad para estas semanas en la agenda del Congreso de la Unión sea la Ley de Seguridad Interior.

Ante los alcances de los contenidos de la Ley de Seguridad Interior, así como el impacto que tendrá en materia de derechos humanos de todas las y los mexicanos, la discusión, procesamiento debiera darse después de un amplio proceso de consulta con expertos y especialistas en el que puedan participar instancias internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana así como instancias encargadas de verificar la actuación de las fuerzas armadas en casos de este tipo de intervenciones, como lo es el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El acuerdo para discutir este tema en el Congreso, no atiende a una necesidad social imperante o a una conclusión de expertas y expertos que señalen que esta norma, así cómo está planteada represente la mejor opción legislativa, sino que más bien responde a un acuerdo coyuntural en el que se pretende negociar por encima de las obligaciones de derechos humanos internacionalmente aceptadas y en el que se pretende imponer de nueva cuenta las agenda política del presidente Peña Nieto por encima de la agenda social y ciudadana que duerme el sueño de los justos en ambas cámaras legislativas.

No podemos aprobar una legislación tan cuestionada que no brinda la seguridad jurídica que buscan las fuerzas castrenses.

No podemos aprobar una legislación que se presenta condicionada y que deriva de un chantaje institucional.

No podemos aprobar una legislación que legitima las violaciones a los derechos humanos y que insertará a nuestro país en el listado de los peores regímenes autoritarios del mundo.

No podemos simplemente aceptar que el PRIAN negocien y acuerden en contra de nuestros derechos humanos.