Primero los Zetas y el Estado perpetradores

“Antes eran Los Zetas. Hoy tenemos documentado también que es el Estado”, sentenció Dagoyán, lo que fue reafirmado por Patricia Pérez: “las desapariciones de hoy no son como las de años atrás. Hoy cualquier persona puede ser víctima de una desaparición” sin saber quién fue, lo que derriba el mito difundido oficialmente de que quienes desaparecen “andaban en algo raro”.

Volga de Pina respondió que “no sabemos quiénes son los perpetradores, pero hay que saberlo ya” y continuó: “hay muchas cosas que hoy no sabemos y no sabemos si algún día las vamos a saber”.

Al respecto Juan Carlos Gutiérrez de IDHEAS aseguró que las desapariciones no tienen una causa común y clasificó los fenómenos: las mujeres desaparecidas y los feminicidios que obedecen a un patrón sistemático de discriminación estructural; los migrantes desaparecidos que es quizá en el que más clara se halla la colusión y corrupción; la desaparición forzada por parte del Estado; y la desaparición realizada por el crimen organizado.

A esta idea se sumó Michael Chamberlain del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios quien puso sobre la mesa la desaparición como un negocio: “Cuando descubrieron que había más opciones que las drogas, comenzaron la extorsión y la trata. La violencia que vivimos no es porque se estén peleando entre sí, es porque hay un negocio detrás que genera ganancias y utilidades al crimen organizado, al gobierno y a las empresas”, expresó.

El ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera marcó su participación con dos sentencias definitorias: “la causa eficiente de la crisis humanitaria en la que hoy estamos en México se llama Felipe Calderón y su guerra contra el narco” aunado a que “la impunidad no es generalizada en el país, es prácticamente absoluta”.

Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición de Personas e Impunidad, aclaró que hay que adoptar los más altos estándares internacionales a la hora de definir desapariciones para poder separar entre las criminales, las forzadas y los extravíos.

También hizo un llamado para colocar a las víctimas en el centro de cualquier alternativa que lleve a la justicia transicional. Asimismo enfatizó en la prioridad de brindar “información confiable, auditable, de calidad y con acceso para todos”.

Para Karla Quintana, directora de Asesoría Jurídica Federal sería fundamental empezar por lo más básico: “definir qué es una violación grave a derechos humanos” pues dijo que gran parte del problema está en las Fiscalías, en el desacuerdo y las variantes de líneas a seguir, así como en investigaciones que no pueden llegar a una resolución. Mencionó que solo existen 11 sentencias sobre desaparición y de ellas una sola ha sido juzgada.

Esta cifra deja clara evidencia sobre lo expuesto la mañana de ayer en el foro ¿Qué sabemos sobre la desaparición en México? convocado por el Observatorio sobre Desaparición de Personas e Impunidad de la Flacso México, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford; el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.