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Política desarrollo social

  • Chronos
  • 16 nov 2017
  • 2 Min. de lectura

Como parte de una política de desarrollo social y en atención a un principio de universalidad, en un país como México se tiene que implantar un programa de atención en la materia para toda la población, y no como pretende el Presidente Enrique Peña Nieto a través de la focalización de los pobres, como se establece en la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Desarrollo Social.

Así lo manifestó la diputada Araceli Damián González, quien explicó que la propuesta presidencial define la “Estrategia Nacional de Inclusión” como un mecanismo de coordinación de políticas y programas públicos de los tres niveles de gobierno, para contribuir al acceso de los derechos sociales y a la disminución de las carencias.

Sin embargo, agregó, de aprobarse la iniciativa se concentraría una visión común entre las dependencias y entidades federativas, además de facultar al Ejecutivo Federal para la reglamentación correspondiente.

“Al pretender establecer una coordinación entre las dependencias y los gobiernos estatales, se atenta contra la libertad que tienen éstos y las autoridades municipales de establecer sus propios programas sociales de acuerdo con las necesidades locales”, puntualizó la legisladora federal de Morena.

En la reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, donde se discutió el dictamen de reformas a la Ley General en la materia enviada por Peña Nieto, puso como ejemplo el Programa de Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores que se implementa en la capital del país.

“En la Ciudad de México, el programa de adultos mayores no está basado en un principio de focalización de la pobreza, sino que es universal, por lo cual no estaría incluido en el proyecto de decreto a discusión”, enfatizó.

La también Presidenta de la Comisión de Seguridad Social abundó que el Programa Oportunidades tiene un sistema de focalización ajeno totalmente a los indicadores de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Agregó que la prueba está en que el 50 por ciento de los hogares que son beneficiados por este programa, no son pobres extremos, según los propios indicadores oficiales.

Damián González resaltó que esa misma situación de criterios se presenta en los programas de LICONSA, que distribuye leche con precios subsidiados, y el Programa Prospera, los cuales no operan bajo el criterio de pobreza multidimensional.

“El 20 por ciento de los pobres que están en Prospera no son ni siquiera pobres, de acuerdo con los criterios del CONEVAL y está excluido el 50 por ciento de los pobres extremos de estos beneficios”, aclaró.

Al respecto, advirtió que si los programas de atención se van a ajustar a la propuesta de focalización por parte del Gobierno Federal, se presentará un “gigantesco conflicto” con los programas que operan actualmente, y que nunca han tenido establecido el criterio de pobreza del CONEVAL.

Ante las objeciones presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, junto con las de otros partidos, el dictamen de reformas se retiró para incluir las observaciones y presentarlo en la próxima reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social.




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