Primero Fiscalía, luego fiscales

El colectivo que agrupa a casi 300 organizaciones civiles y académicas, ha enfatizado por meses la necesidad de una reforma integral al artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente.

Diseñar la nueva Fiscalía General debe ser una prioridad para nuestro Congreso. Del diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país, pero también piezas tan importantes como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y una cada vez más necesaria Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Abrir la discusión legislativa sobre la Fiscalía General es la antesala para el nombramiento del Procurador General de la República y los Fiscales Especializados en Anticorrupción y Delitos Electorales.

Sin instituciones funcionales que garanticen la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado, transparencia y rendición de cuentas de la procuración de justicia, no se puede romper con las malas prácticas y vicios institucionales que durante años ha arrastrado la Procuraduría General de la República y que podría heredar la nueva Fiscalía.

Por eso consideramos necesario abrir la discusión legislativa del 102 Constitucional y después nombrar a los fiscales.

La discusión de la nueva Fiscalía General es un asunto urgente y muy necesario para fortalecer nuestro Estado de Derecho, y tal vez la principal prioridad legislativa una vez aprobado el paquete económico 2018.

Especialistas, académicos, organizaciones civiles hemos puesto a consideración del Congreso un proyecto ciudadano de dictamen para la reforma constitucional que daría lugar a la nueva Fiscalía.

Realizar la designación de nuevos titulares en las Fiscalías acéfalas sin haber transformado antes la institución sería un cambio superficial que no logrará hacer frente al flagelo de la impunidad.

Los responsables de la investigación y persecución de las conductas criminales seguirían careciendo de la independencia para actuar a través de un proceso de investigación integral, exhaustiva, oportuna y respetuosa de los derechos de las víctimas y personas imputadas.