Ley apoyar a afectados Sismo prioridad ALDF

El diputado Leonel Luna Estrada aseguró que hay un avance significativo en el dictamen de la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, el cual prioriza los derechos humanos de los damnificados del sismo y propone modelos de atención de acuerdo a las necesidades de la población afectada.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal destacó que una de las propuestas busca que el Gobierno de la Ciudad apoye económicamente a los hogares, cuyo jefe o jefa de familia haya fallecido o hubiere quedado incapacitado parcial o totalmente a consecuencia del sismo.

Entre los modelos de atención que se propone están la reconstrucción de viviendas en zonas de propiedad social.

El anterior esquema se crea para la atención de los poblados rurales, por ejemplo, aquellos que están ubicados en las delegaciones Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Para estos casos, dijo, los costos de las viviendas podrán ser financiados con recursos provenientes del Fondo de Reconstrucción y con recursos públicos y privados, por lo que no implicará gastos para los afectados.

Otro esquema, planteó el legislador Leonel Luna, es la atención a las familias habitantes de viviendas unifamiliares y precarias dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado.

Este apartado, comentó, se aplica para viviendas ubicadas en colonias populares, ubicadas en delegaciones como Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro Obregón. "Se apoyará con los recursos de crédito que el gobierno de la Ciudad disponga, con un crédito de interés social o con recursos del Fondo de Reconstrucción", especificó.

Un esquema más es lo referente a la reconstrucción de vecindades con alto riesgo estructural. En este tema, indicó, se buscará que las expropiaciones o compra venta en el caso de que se acredite fehacientemente la propiedad, se lleven a cabo en el menor tiempo posible a través de la reducción al mínimo de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

El diputado Leonel Luna destacó que hay varios modelos de atención para los afectados de vivienda.

Uno más, explicó, es el relativo a la reconstrucción de conjuntos habitacionales multifamiliares afectados, ubicados en suelo urbano y que se encuentran sujetos al régimen de propiedad en condominio o copropiedad.

Para facilitar el pago de las viviendas de reposición, comentó, se construirán viviendas adicionales que se pondrán a la venta en el mercado abierto. Los recursos económicos obtenidos como resultado de la utilidad de esta venta, se aplicarán para solventar el costo de la vivienda de reposición en beneficio de los propietarios y causahabientes.

Dijo que las demoliciones correrán a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de apoyar a las personas afectadas y de resguardar la seguridad de los vecinos y de los edificios o viviendas colindantes.

También, explicó, el proyecto de dictamen de esta Ley, busca otorgar facilidades administrativas y fiscales importantes durante el proceso de reconstrucción de todos los tipos de viviendas afectadas por el sismo.

Consideró que el propósito de esta ley es apoyar a los damnificados directamente afectados por el sismo y plantea como responsable al Gobierno de la Ciudad de México y como coadyuvantes a la sociedad civil, las instituciones educativas y la iniciativa privada.

También está ley contiene cuatro apartados que hablan sobre los medios de control y supervisión; la fiscalización y responsabilidades; la transparencia e información pública, así como las sanciones. Lo anterior, dijo, tiene el propósito de transparentar y sancionar a los que violen lo establecido en la ley.

Leonel Luna consideró que la propuesta de dictamen también crea una Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente, que será como un órgano colegiado de carácter consultivo.

En este espacio, señaló, podrán participar integrantes de la sociedad civil organizada, los colegios de profesionistas, la iniciativa privada, la academia y las personas afectadas por el sismo, con el fin de hacer más efectiva la toma de decisiones y coordinar las acciones establecidas en esta ley.