España y artículo 155

En esta esfera judicial, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunciaba el sábado la forma en que su gobierno implementará el proceso para imponer un mandato directo en Cataluña, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

La medida sin precedentes, que tiene el objetivo de anular una intentona independentista liderada por el gobierno regional de Cataluña, llega después de semanas de división provocada por un referéndum de independencia prohibido llevado a cabo el 1 de octubre.

La crisis amenaza con fracturar España, uno de los principales miembros de la Unión Europea, y ya ha provocado protestas masivas.

Tras concluir el Consejo de Ministros, Rajoy dijo en conferencia de prensa que la primera medida propuesta es que la facultad de disolver el gobierno de Cataluña pasa al presidente del gobierno español quien tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. "Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría", dijo Rajoy.

También se propone, entre otras medidas, el cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del gobierno de Cataluña, dijo Rajoy,

"No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña", afirmó Rajoy. "No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad".

Todas las medidas propuestas por el Consejo de Ministros y anunciadas por Rajoy deberán ser presentadas para su aprobación ante el Senado, donde el Partido Popular, que encabeza el gobierno central, tiene la mayoría.

Madrid anunció que invocaría el Artículo 155 de la Constitución, una provisión que permite al gobierno central suspender la autonomía de la región de Cataluña.

Nunca antes utilizada, la disposición le otorga a Madrid el poder de asumir el control de las instituciones catalanas y forzar la realización de nuevas elecciones, programadas para enero de 2018.

Poco antes del anuncio del Artículo 155, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, advirtió que la región podría declarar formalmente la independencia si el gobierno español no entablaba un diálogo.

Puigdemont también exigió a España que cesara su "represión" a los líderes separatistas catalanes, dos de los cuales fueron llevados en custodia bajo sospecha del delito de “sedición”.

Al considerarse que las órdenes de aprehensión podrían generar una revuelta social que pondría en peligro la paz social de toda España, manifestantes seguirán marchando a favor de la independencia en el centro de Barcelona, la capital de la región de Cataluña, para liberar a los nuevos presos políticos y rechazar las decisiones de magistrados presuntamente trasformados en “represores de la razón”, que finalmente fundamentan sus decisiones democráticas a través de su Pacto Federal.