Ley General de Víctimas

Las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia realizarán un exhorto a los Congresos locales para que armonicen su legislación con la Ley General de Víctimas, lo que incluye la creación de un fondo para ayuda, asistencia y reparación integral.

En 27 entidades existe algún grado de armonización con la Ley General de Víctimas, y de éstas en sólo cinco es de manera íntegra; asimismo, se han instalado 19 Comisiones Ejecutivas Estatales, de las cuales, sólo 17 cuentan con asesores jurídicos.

En el marco de la comparecencia de Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los senadores integrantes de las comisiones instaron a que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas realice una sesión, con la participación de los gobernadores, para analizar la situación de los gobiernos estatales.

Y acordaron hacer una reunión de trabajo conjunta con la Asamblea Ciudadana Consultiva para evaluar los procedimientos y reglamento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que el Poder Legislativo cumplió con lo que fue necesario para generar el diseño legal necesario para que la CEAV funcione.

Refirió que existen dos temas que preocupan: el manejo transparente del fondo para destinarlo a la reparación de los daños y la defensa jurídica, es decir, el cómo se plasmó en la Ley, porque representa una debilidad institucional.

La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, comentó que se tiene que hacer valer el artículo 88 Bis de la Ley, referente a cuando la CEAV puede ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

“Hasta ahorita no se ha ejercido; pero cuando vean (los estados) que Hacienda empieza a hacer los cobros, entonces van a cambiar y van a ponerse, todos a armonizar. Y nosotros tenemos que hacer que Hacienda lo haga lo más pronto posible”, abundó.

La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que en distintos puntos de acuerdo, los senadores han coincidido en el llamado a los congresos locales para que armonicen sus leyes y, mediante el fondo, se repare el daño a las víctimas.

Lamentó que los legisladores hayan tratado de asegurar, en la reforma a la Ley, que las víctimas de las entidades federativas no fueran revictimizadas, lo cual no se logró, porque en el informe, el comisionado ejecutivo reclama a los estados que no haya una ley o un fondo.

Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la CEAV, presentó a los senadores el “Plan de acción para los primeros 100 días de administración”, basado en cuatro ejes: atención integral; inclusión de las víctimas en todos los procesos; eficiencia y rendición de cuentas; y estrategia de comunicación abierta y transparente.

Detalló que hasta el 30 de septiembre de 2017, el Registro Nacional de Víctimas contaba con 13 mil 288 víctimas registradas: 4 mil 825 directas, 8 mil 219 indirectas y 244 que se encuentran pendientes por definir.

Explicó que anteriormente las Reglas de Operación del Fondo, lo limitaban a ejercer sus recursos sólo para medidas de reparación y no contemplaban otros gastos como traslados, atención médica, alimentación, alojamiento y gastos funerarios.

Por lo que, se simplificaron tres formatos de acceso a los recursos del Fondo: para ayuda, para compensación subsidiaria por comisión de un delito, y para compensación por violación de derechos humanos.

Dijo que del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2017, se han erogado 44.1 millones de pesos, en beneficio de 872 víctimas directas e indirectas por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención, que consistieron en el pago de gastos funerarios, peritajes, traslados, atención médica, de alimentación y de alojamiento, que representa un crecimiento de 446 por ciento, con respecto al mismo periodo en 2016.

En cuanto a las medidas de reparación integral, se han otorgado, en el mismo periodo, 82 millones de pesos, de los cuales, 46.4 corresponden a compensaciones subsidiarias por comisión de delitos del fuero federal en beneficio de 121 víctimas, lo que representa un crecimiento de 389 por ciento con respecto a 2016.

Asimismo, 35.6 millones se han destinado a la compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales, que significa un incremento de 87 por ciento respecto al año anterior.

Refirió que la Comisión Ejecutiva fortaleció su presencia a escala nacional, ya que el pasado 20 de julio, la Junta de Gobierno autorizó la creación de delegaciones en Colima, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.