Informe políticas aplican Centros de readaptación

En busca de la protección eficaz de los derechos humanos y de lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad, el Senado solicitó a los gobiernos de las entidades federativas un informe sobre las medidas y políticas públicas implementadas en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.

En el dictamen, se incluye la petición particular al gobierno de Nuevo León de mejorar las condiciones de los dos Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, de conformidad con el mandato establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de junio de 2016.

La presienta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, afirmó que los estados no aplican la Ley de Ejecución Penitenciaria, lo cual impide la adecuada reinserción a la sociedad de los reclusos, pero lo más preocupante, es la constante violación de derechos humanos, aun cuando los directores de los centros penitenciarios son responsables de protegerlos.

La senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, agregó que uno de los principales objetivos de los Centros de Readaptación Social, es lograr la reincorporación a la sociedad a las personas sujetas a sanción, lo cual se imposibilita debido a que en estos se registran condiciones adversas como hacinamiento, insalubridad y la venta de diversas drogas.

Fidel Demédicis Hidalgo, senador del Grupo parlamentario del PT, se pronunció por la redefinición de las políticas de los centros de readaptación, a fin de que su personal sea profesionalizado y, en especial, obligar a los gobiernos estatales a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y comisiones estatales. Cuestionó la corrupción de directivos y custodios, que permiten la práctica del autogobierno por parte de grupos de internos.

El también legislador por el PT, David Monreal Ávila apuntó que al no cumplirse con el precepto de reinserción social, las autoridades estatales incumplen los postulados del artículo 18 constitucional, pero lo más preocupante, es que esto ha provocado que se susciten hechos violentos en diversos centros penitenciarios de México, principalmente en el estado de Nuevo León.

Por otro lado, los senadores dejaron en claro que uno de los principales problemas al momento de presentar un recurso legal, es el tiempo que se dedica al proceso de su revisión, lo que se traduce en un desgaste, no sólo a nivel judicial, sino también para quien interpone este mecanismo.

Así lo señaló el senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRI, al presentar una iniciativa para agilizar el estudio de los juicios de amparo.

Las autoridades responsables en el juicio de amparo –sea directo o indirecto-- remitan, junto con su informe justificado, copia electrónica de la resolución impugnada, según sea el caso, para efecto de facilitar el estudio de los asuntos, preciso el senador.

Refirió que ya se eliminó de la práctica judicial las transcripciones, privilegiando los estudios claros y reducidos, pero en muchas ocasiones es necesario reflejar en el estudio algunos aspectos específicos en las resoluciones.

“Contar con una versión electrónica de las resoluciones beneficiaría a todos aquellos que tengan un asunto en dicho trámite”, expresó.

La iniciativa, que adiciona los artículos 117 y 178 de la Ley de Amparo, se envió a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.