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No es el camino

  • 8 oct 2017
  • 2 min de lectura

La detención del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernandez el día de hoy, confirma de nueva cuenta la forma en la que las autoridad ministerial, tanto del orden local, como federal han erráticamente pretendido combatir la corrupción y los abusos del poder de ex gobernadores, en su mayoría de extracción priísta.


Hoy, se repite con Eugenio Hernández el mismo patrón de acusación de otros casos, en donde las acusaciones son integradas únicamente por delitos de orden económico y patrimonial, no por violaciones graves a los derechos humanos, por delitos relacionados con su tolerancia frente a los grupos criminales o por algunos otros delitos que puedan constituirse realmente en imputaciones penales de la magnitud de los crímenes que cometieron.

Las procuradurías han optado por acusar a los ex gobernadores con este tipo de delitos por alguna de dos circunstancias: o porque no tienen la capacidad para investigar y acusar por otros delitos mas graves o por complicidad y protección de impunidad.

Debemos estar pendientes de la forma en que se desarrolla este primer juicio contra el exgobernador y estar pendientes también si la Procuraduría de Tamaulipas o la propia PGR tienen la capacidad de acusar otros delitos en los próximos meses, si no se presentan otros cargos sólidos, graves y con pruebas contundentes, entonces, estaríamos confirmando que esta detención se usó más para proteger a Eugenio Hernández de la ficha roja girada por Interpol a petición del gobierno de los Estados Unidos y para evitar su posible extradición, al más puro estilo de la época negra del Cártel de Cali en Colombia en donde el gobierno negociaba con los capos de la droga el ingresarlos a una cárcel local con acusaciones débiles, obstaculizando con ello los procesos y solicitudes de extradición de los Estados Unidos. Ojalá que éste no sea el caso.


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