Robo a trabajadores

Hay desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja el dinero que formará su pensión; Si revisamos casos aislados de los trabajadores podemos ver que les están quitando más de un millón de pesos por pensionado.

Humberto Luna, abogado de trabajadores dijo que el camino estaría en obligar a las CIEFORES responsables de administrar las inversiones de las Afores para que por ley lo hagan en instrumentos como las FIBRA's y CECADES en lugar de invertir en papeles de renta variable en la BMV.

La opacidad con la fue armado el manejo de las Afores desde el Congreso de la Unión tiene al sistema de pensiones a punto de la quiebra y a la economía mexicana sobre una bomba de tiempo.

Investigadores señalan que al comprobar que en el Presupuesto de Egresos enviado por la Federación para 2018 se sigue apostando en utilizar los recursos de las jubilaciones como “caja chica” con el riesgo de dejar a millones de trabajadores con las manos vacías.

Tal como ha ocurrido con el modelo de pensión chileno, el sistema mexicano de pensiones y jubilaciones está a punto de colapsar porque el gobierno utiliza los fondos de los trabajadores en el gasto corriente y no para inversión que dejé dividendos, explica el abogado y representante de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (OJUPE), Humberto Luna y advierte que nadie sabe dónde están los rendimientos y recursos que deberían integrar el fondo de pensiones, cuyo monto se estima en alrededor de 10 billones de pesos.

Y es que, en virtud de una población en envejecimiento a pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores formales, aunado a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para cubrir los gastos del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la principal herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el gobierno de la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin rendir cuentas sobre la utilización de dichos recursos.

El proyecto de Egresos para 2018 enviado por el Ejecutivo contempla 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones; la cifra es enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable, mayor que el presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, en conjunto.

Esos 700 mil millones de pesos se irán a las 59 millones de cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país, pertenecientes a los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social y cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10 billones de pesos.

"Por el momento nadie tiene claridad de dónde están esos 10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión productiva aún existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir los consumos gubernamentales", afirma Humberto Luna-

Explica que en los años recientes el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.

“Es como si una familia pidiera un préstamo y en lugar de utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, se utilizar para comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo de recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo utilizado para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos niveles, pero sin un retorno de inversión”, explica.

"Cuando se denunció ‘La estafa maestra’, el informativo Animal Político descubrió un fraude por 7 mil millones de pesos. Ahora imaginen que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la seguridad social. No existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese dinero

verdaderamente se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni cómo ni cuándo. No sabemos a dónde se va ese recurso", precisa Giovanni Jiménez Bustos, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.