Dictamines estructurales

Ante el alto número de inmuebles dañados en la Ciudad de México, a causa del sismo del 19 de septiembre, el diputado Juan Romero Tenorio exigió a la Secretaría de Gobernación –a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil– y al Gobierno, Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia capitalinos que den a conocer los dictámenes estructurales de éstos, así como de aquellos que se encuentren en riesgo por ubicarse en torno a los edificios colapsados o con graves afectaciones.

En entrevista, consideró una prioridad que a dichos dictámenes se les otorgue “máxima publicidad” e inmediatez conforme al derecho a la información pública gubernamental, con el fin de garantizar a los habitantes o trabajadores, así como a la ciudadanía en general, el derecho a la seguridad y protección de la vida.

El legislador federal de Morena informó que presentó un Punto de Acuerdo no sólo para que las dependencias aludidas presenten los dictámenes estructurales, sino también para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su homólogo local implementen acciones para vigilar que éstas cumplan.

Romero Tenorio aseveró que en diferentes centros de trabajo de los gobiernos Federal y de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia capitalinos, los trabajadores han expresado su inconformidad porque son obligados a laborar en inmuebles que presentan graves daños.

Un caso particular, agregó, es el inmueble que se ubica en el número 32 de la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, que tiene una antigüedad de 38 años y pertenece al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual alberga alrededor de tres mil trabajadores en 14 pisos y un sótano.

“El inmueble de Fray Servando Teresa de Mier, donde se albergan las salas civiles de oralidad y transita una población flotante de unas diez mil personas diariamente, tiene severos daños estructurales. Sin embargo, pese al miedo y descontento manifiesto de los trabajadores, mediante amenazas de represalias fueron obligados a regresar a sus labores poniendo en riesgo su vida”.

El diputado Juan Romero advirtió que esta situación puede multiplicarse, dado que el Gobierno capitalino ha recibido más de tres mil 800 reportes de inmuebles que tienen algún grado de daño, y que tan sólo la Delegación Cuauhtémoc ya efectuó unas 270 evaluaciones, de las cuales se detectó que 74 edificaciones resultaron con afectaciones de alto riesgo y deben ser apuntaladas o en caso extremo demolidas.

Asimismo, propuso que los dictámenes deberán contemplar la metodología e indicadores de evaluación con óptimos estándares de seguridad, para determinar la existencia de riesgos que impliquen la posibilidad de colapsos posteriores o tengan que ser aislados para su rehabilitación y recuperación.