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¡Vamos México!

  • Gustavo Santos Z
  • 21 sept 2017
  • 2 Min. de lectura

Luego del sismo de 7.1 grados registrado el martes pasado el mediodía, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, afirmó que se labora en las acciones propias de revisión de inmuebles y en la evaluación de afectaciones para dar paso a la reconstrucción.

En entrevista, en gira por ese municipio, externó que su gabinete lleva a cabo los trabajos a lo largo de la entidad para realizar un censo de los daños derivados por dicha eventualidad y apoyar a los damnificados.

Al momento, dijo, son 35 escuelas con afectaciones estructurales y con base en la información recabada por las áreas especializadas en evaluación de infraestructura, se dará a conocer si se reanudan o no las clases, así como la actividad laboral en los centros educativos, pues desde ayer, tras el sismo, se suspendieron en todos los planteles y niveles educativos de la entidad.

Aun cuando el Estado de México cuenta con un Fondo para la Atención de Desastres Naturales y Siniestros Ambientales o Antropogénicos, los recursos de esa bolsa para este año apenas ascienden a 222 millones de pesos, manejado a través de un fideicomiso, del cual hasta el momento no se sabe cómo se ha aplicado en la entidad.

El fondo es regulado en el artículo 23 del presupuesto estatal y tiene como fin “atender a la población afectada y los daños causados a la Infraestructura pública estatal, ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales”.

Aun cuando la Legislatura local aprueba esa bolsa, hasta el momento varios diputados consultados dijeron desconocen cómo se ha aplicado, aunque consideraron que debe ir a los municipios, en casos como: inundaciones, derrumbes o los daños como los del temblor que acaba de ocurrir.

Aun cuando desde hace años existía, ahora es un mandato del artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a atender efectos de posibles desastres. El dinero debe ser manejado mediante un fideicomiso, aunque no aparece en la lista de esos mecanismos, publicada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de México y Municipio

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