Política Social

En Nueva Alianza tenemos la firme convicción que la mejor manera de transformar al mundo, garantizar la justicia e igualdad social es a través de la educación. Que un país educado está en el camino correcto para salir de la pobreza, propiciar el crecimiento y detonar su desarrollo.

Celebramos el reconocimiento del derecho a la educación de calidad como una de las principales preocupaciones plasmadas en este Informe.

Entendemos la gran trascendencia del nuevo modelo educativo, derivado de los cambios que se iniciaron con la reforma de 2013, y que está estructurado para atender el interés superior de las niñas y niños de México, y brindarles los conocimientos necesarios para desenvolverse en un mundo en constante transformación, altamente competitivo.

Estamos convencidos que impulsar esta educación igualitaria y de calidad nos permitirá construir las condiciones necesarias para el desarrollo individual y colectivo de todos los ciudadanos.

Otra de las principales vertientes de la política social es sin duda el derecho a la salud y a la seguridad social.

Del Informe se desprende que 17.8 millones de personas, especialmente de beneficiarios de programas sociales, se afiliaron al Seguro Popular, mientras que al IMSS se incorporaron 6.6 millones de jóvenes estudiantes de educación Media Superior y Superior, con lo que dicha institución alcanzó 55.3 millones de derechohabientes.

Desafortunadamente, pese a las cifras, no podemos ser triunfalistas, toda vez que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el sistema de salud en nuestro país se encuentra en un estado crítico, ya que no ha logrado obtener mejores niveles de rendimiento y atención, por el contrario, advierte que se trabaja de manera ineficiente y que el gasto que tienen que hacer las familias es el más elevado dentro de la organización.

Es importante redoblar y fortalecer los esfuerzos dirigidos a este sector, sólo así se logrará que sea más eficiente y de mejor calidad.

Uno de los grandes retos consiste en lograr que más familias tengan acceso a los beneficios de la seguridad social; ciertamente se requiere mayor cobertura, pero también la confianza de un retiro digno y tranquilo, las y los trabajadores necesitan la certeza de un lugar dónde vivir y una pensión justa.

Al referirnos al derecho a la vivienda, no podemos reducirlo sólo al hecho de que las personas cuenten con un techo y cuatro paredes; si bien celebramos que hasta ahora se ha superado la meta, al otorgarse más de 72,000 viviendas, debemos ser muy puntuales en la importancia de garantizar, además, disponibilidad de servicios públicos básicos y desarrollo urbano adecuado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Compañeras y compañeros, revertir los elevados niveles de pobreza y desigualdad requiere la participación de todos. Desde nuestro ámbito de acción, asumamos la responsabilidad de propiciar acciones sustantivas que contribuyan al fortalecimiento de una política de desarrollo social encaminada a lograr el bienestar general de la población, a través de la inclusión, la equidad, la justicia y la igualdad.