Buscar culpables

La auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública a los contratos correspondientes a la obra conocida como Paso Exprés de Cuernavaca demuestra, en efecto, que hubo negligencia tanto de las empresas privadas cuanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, sin embargo, no encuentra nada que nos permita pensar que se fincarán responsabilidades a quienes tomaron las grandes decisiones políticas y empresariales, y particularmente al secretario Ruiz Esparza. De hecho, induce a determinar responsabilidades contra funcionarios medios, incluso por las irregularidades más graves.

Por ejemplo, se hace responsables a los directores generales de Carreteras y de la SCT Morelos de no haber vigilado el proyecto ejecutivo original y su adecuación al sitio de los trabajos, siendo eso lo que derivó en sobreprecios de 714 millones 659 mil 158 pesos. Para la Secretaría de la Función Pública no hay red de corrupción alguna que investigar, sino la ineptitud de dos funcionarios que actuaron, según se infiere directamente de la observación, al margen del conocimiento del secretario. Este esquema, haciéndolo extensivo al subdirector de obras, el residente general de carreteras federales y el residente de obra, se repite en lo concerniente a la realización de obras sin comprobación documental por 197 millones 737 mil 294 pesos, entre otras irregularidades.

Se excluye de responsabilidades a ALDESEM-EPCCOR, el consorcio responsable, haciendo radicar los cambios en el plazo de la obra en la SCT. Asimismo, el Residente de Obra II no habría considerado contar con planos, ni se habría dado las órdenes correctas a los contratistas para evitar fallas. En el caso del drenaje, sería ese Residente de Obra que no presentó la ingeniería del proyecto.

A la mala planeación y carencias de funcionarios menores, se suma también el resultado de empresas intermedias como “SAAC ingeniería” que, según se asienta, no debieron ser ganadoras en la licitación, y se beneficiaron de pagos excesivos —pagos, por otro lado, muy menores si se les considera en comparación con el sobreprecio, de algo así como 4 millones 351 mil pesos en la observación 10—. las obras de drenaje que habrían derivado en el socavón que cobró la vida de dos personas, se dice que las empresas como ALDESEM también lo advirtieron, pero que el residente de la obra del contrato determinó que el drenaje se quedar así.

¿Qué hace entonces el secretario, si ninguna decisión relevante, incluidos los asuntos que se conocen en medios, pasan por su oficina?

¿Los Residentes de Obra actuaron siempre sin consultar?

Nada de eso le ha interesado a la Secretaría de la Función Pública y no le interesa al gobierno federal, que no busca descubrir quién la hizo —pues bien saben que fue Ruiz Esparza—, sino quien la pague. A la impunidad política real, se suma la simulación, que tan solo empeora las cosas.