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Personas discapacidad

10 sept 2017
2 min de lectura

En el marco de la nueva Constitución de la CDMX, es necesario elaborar un protocolo para efectuar consultas ciudadanas dirigidas a las personas con discapacidad, apegada a la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006”, así lo propuso el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carlos González Martínez.

Durante el Foro Internacional “Crecimiento urbano y derechos humanos, desafíos para la política urbana en la Ciudad de México”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el consejero del IECM hizo un exhorto a las autoridades electorales para quitar las barreras físicas, culturales y legales que impiden la participación de este sector de la sociedad.

Sostuvo que todas y todos los habitantes de la capital tienen derechos; sin embargo, consideró que “nuestra sociedad está marcada por la desigualdad y la discriminación que los excluye, en un país donde hay millones de personas que no tienen acceso a todos los bienes públicos”.

En este sentido, González Martínez propuso que en el futuro se realice un protocolo para hacer consultas dirigidas a las personas con discapacidad, que puedan participar plena y efectivamente en temas que requieren de su consentimiento, eliminando barreras procedimentales y materiales.

Para ello, consideró necesaria la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, a través del órgano CONDUCE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como órgano autónomo y garante de la democracia en la capital y el cual podría encargarse de realizar todos los aspectos operativos de esta consulta de manera libre y secreta, acompañando el proceso de dictaminación legislativa.

Asimismo, propuso la creación de una Comisión verificadora encarga de visitar los domicilios de las personas que no se pueden desplazar, la cual se integraría por representantes del IECM capacitados por el INDEPEDI y un médico/a designado por el Sistema DIF-CDMX, que apoyara en la verificación de los requisitos médicos que deberían ser exigidos.

“La Comisión Verificadora realizaría una visita a cada ciudadano o ciudadana, registrada previamente, en la cual el participante, si así lo desea, podría seleccionar a una tercera persona de su confianza para que le ayude a emitir su opinión en caso de que lo necesite”, indicó.

Finalmente, añadió, el proceso de Consulta se realizaría en tres días, para que todas las personas tuvieran oportunidad de opinar. Así también la Comisión Verificadora tendría tiempo de ir a todos los domicilios con la finalidad de facilitar la emisión de opiniones.

En la Mesa denominada “Acceso a la información, participación y consulta en materia urbana”, participaron también la profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ana Helena Treviño Carrillo; la presidenta de la Coalición Internacional Hábitat, María Lorena Zárate, y el integrante del Movimiento Urbano Popular, Jaime Rello Gómez.


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