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Repudio cancelación DACA

  • 5 sept 2017
  • 2 min de lectura

La única manera que Donald Trump ha encontrado para permanecer vigente y no terminar de perder su apoyo social ha sido inflamar a sus bases más radicales, sin importar las vidas que afecte y ni siquiera el interés nacional de su país. Con su nuevo agravio, la cancelación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), truncará, sin ninguna razón válida, el desarrollo de más de 788 mil jóvenes, 79 por ciento de ellos de origen mexicano, que acreditaron actividades legales y no tenían ningún antecedente criminal.

La rescisión de la Orden Ejecutiva de Obama demuestra que Trump es un presidente débil, que cedió directamente a la presión de los procuradores de 10 estados, quienes amenazaron con emprender acciones legales contra DACA si el gobierno no lo rescindía el día hoy. Este martes, Jeff Sessions anunció la decisión presidencial de rescindir DACA, argumentando su ilegalidad, la protección de los trabajadores estadunidenses y sus salarios. Así, suspende el diferimiento de la deportación de los beneficiarios y cierra la recepción de nuevas solicitudes, aunque permite terminar el periodo de los permisos vigentes ―lo que implicaría que para 2019 los 788 mil beneficiarios habrán sido deportados. Las perspectivas en el Congreso no son más halagüeñas. Ni el clima social ni los proyectos legislativos presentados, abren posibilidades para una ruta de regularización.

Es necesario apuntar que ninguno de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Trump tiene sentido. Hay pruebas suficientes de que los trabajadores indocumentados cometen crímenes en una tasa mucho menor a la población en general, y tienen, a cambio, una contribución decisiva a la economía formal. Por eso, el Center for American Progress calcula que la deportación de los Dreamers costará $460.3 mil millones del PIB nacional en la próxima década y la pérdida de 685,000 trabajadores. Esta es la razón de que hayan protestado 400 líderes empresariales y un sector de las iglesias evangélicas, pero para todos Trump ha tenido oídos sordos.

Las consecuencias serán devastadoras para las personas que se benefician del programa y sus familias. De un día para otro, pasarán de ser parte integrante de la sociedad estadounidense a ser indocumentados especialmente vulnerables a la deportación. Tendrán, en consecuencia, que elegir entre desmembrar su familia ―asumiendo su propia deportación― o desarraigarla ―haciéndola venir a un país que ya no es el suyo.

A nadie beneficia la cancelación de DACA: ni a la economía estadounidense ni a las personas. Al contrario, se trata de un balazo en el pie que sólo funciona para mantener la retórica fascista de la limpieza étnica, del supremacismo blanco y de un Estados Unidos que no existe salvo en la imaginación torcida del tirano del norte y algunos de sus seguidores.

Como Senadora de la República, repudio categóricamente estas acciones e insto a que el gobierno mexicano emprenda la defensa diplomática de sus connacionales y sus familias, además de acelerar las previsiones para acoger en nuestro país a todos aquellos a quienes el gobierno de Trump expulsará en contra de cualquier cálculo positivo para el interés de su país.

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