Prisión preventiva

A raíz de la implementación inadecuada del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la instauración de juicios acusatorios, públicos y orales, sin el ejercicio de todas las atribuciones del ministerio público, se ha incrementado significativamente la incidencia criminal.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, dijo que ola delictiva tiene su origen en la omisión en que han incurrido las instituciones de procuración de justicia, así como las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el esquema de colaboración que han desarrollado, dijo el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Señaló que el aumento de conductas delictivas no deriva de la vigencia del principio de presunción de inocencia, sino de que las procuradurías de justicia, así como las fiscalías generales se han abstenido de solicitar la prisión preventiva justificada.

“Por el súbito incremento delictivo, que se debe a la inadecuada aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, toca al Senado tomar medidas legislativas para contener la delincuencia, revertir el incremento criminal y sentar las bases para retomar la paz ya la tranquilidad en el corto plazo”, señaló.

Propuso adiciones y reformas a diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para facilitar a los fiscales el ejercicio de la facultad de prisión preventiva, que les permita llevar a prisión a quienes se dedican al robo a casa habitación, a transeúntes y a establecimientos.

La iniciativa plantea construir una red informática judicial para permitir a los juzgados penales federales y del fuero común, reconocer si las personas que sean presentadas se encuentran sujetos a procesos penales previos o ha sido condenado por delitos dolosos.

Bastaría el reporte de la red judicial para poner en prisión preventiva al imputado, aun cuando el delito no amerite prisión preventiva oficiosa, explicó el senador.

También el ministerio público adjuntaría en el pliego consignatorio un reporte de las infracciones a bandos de policía y buen gobierno, y carpetas de investigación, para que se le practique al indiciado tres exámenes periciales que determinen si representa un riesgo para la sociedad.