Estado de Derecho
- 29 ago 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR), es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México. La evidencia está ahí salvo para aquellos que no la desean ver.
La ausencia de una Fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro Estado de Derecho.
Violaciones graves de derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado, una lacerante impunidad. Todas las expresiones del México de la injusticia tienen un denominador común.
La PGR, esta capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato.
La deriva de la PGR se constata en las historias de personas agraviadas por la inadecuada investigación de delitos que suceden todos los días y se cuentan por miles.
También en las conclusiones de innumerables diagnósticos tanto oficiales como independientes. E incluso, en el dicho de sus propios titulares, como el de Jesús Murillo Karam, quien siendo procurador en 2012 dijo públicamente que “recibía una institución desmantelada”.
Una institución desmantelada no se maquilla, se transforma. La PGR se debe de convertir en una Fiscalía Autónoma, capaz, e independiente.
La autonomía constitucional aprobada en el papel en 2014 corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañada de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización del personal.
Una nueva fiscalía autónoma, capaz e independiente, sensible a los derechos de las víctimas, requiere transformar la PGR en una institución profesional, técnicamente sólida, con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito, y con controles más efectivos para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación.
Sabemos que no basta con diagnosticar problemas o señalar deficiencias. A nuestra generación le toca criticar y exigir, pero también proponer y transformar.
El Colectivo Independiente presentará al Congreso de la Unión, un proyecto ciudadano de dictamen que permita reformar nuestra Constitución.
Por ello, nuestra propuesta busca asegurar la independencia política del Fiscal General y las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de designación que recuperen la legitimidad hoy perdida por la PGR derivada de los vínculos partidistas, las cuotas entre partidos y otras prácticas de control político.
Buscamos que la Constitución asegure procedimientos de selección con contrapesos, máxima publicidad, rendición de cuentas y criterios de evaluación basados en el mérito.
La experiencia nacional e internacional aconseja un periodo transexenal para reducir las condiciones de influencia presidencial o del gobierno en turno, por lo que se propone que la duración del encargo sea de 6 años sin posibilidad de reelección.
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