Carácter administrativo

Impunidad, hacinamiento, tráfico de drogas y demasiada burocracia, son las principales causas por las que se creó un ordenamiento que estuviera a la altura de la demanda institucional que requiere nuestro Sistema Penitenciario local.

Así lo dio a conocer este martes el diputado Luis Mendoza Acevedo, Vicecoordinador del GPPAN, al exponer ante el Pleno el dictamen a la iniciativa por la que se abroga la Ley de Centros de Reclusión local y se expide la Ley de Centros Penitenciarios de la CDMX.

“La nueva Ley busca regular exclusivamente en materia administrativa, nuestros Centros Penitenciarios y contiene las disposiciones establecidas en la Constitución Política en el ámbito de la Administración Pública local, por lo que realizamos cambios de forma”.

El diputado del GPPAN e integrante de la Comisión Especial de Reclusorios dijo que el presente proyecto no solo busca reconocer las nuevas disposiciones nacionales en materia del Sistema Penitenciario, sino también, atribuciones y responsabilidades de las autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.

“Para que en el ámbito de sus facultades, cuenten con un ordenamiento que permita que nuestros Centros de Reclusión contemplen bases para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, como fin último del encarcelamiento”.

El legislador recordó que tras diversas reuniones con autoridades penitenciarias, especialistas en derecho y diputados de diferentes fuerzas políticas, “se presenta este día el proyecto de dictamen por el que se abroga la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y se crea la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

Citó que el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México es el más grande de nuestro país; datos del último informe de gobierno de la ciudad indican que los 11 centros penitenciarios capitalinos, cuentan con una capacidad para 22 mil 411 personas; 28.1 por ciento para la población sentenciada y 71.9 por ciento para la que está en proceso.

Además, cinco mil 876 personas laboran en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, de las cuales, el 58.8 por ciento son personas vigilantes o custodios. Para el segundo semestre de 2016, había una población total de 32 mil 929 personas privadas de su libertad, independientemente de su situación jurídica.

“Los diputados del PAN buscamos mejorar las opciones de vida interna y administrativa de las prisiones locales a través de las normas necesarias para la implementación de disposiciones constitucionales relativas a la organización política y administrativa que establece nuestra Constitución”.

El documento destaca el reconocimiento de derechos a las personas privadas de su libertad, por lo que se adicionaron obligaciones reconocidas por la Ley Nacional. “Más derechos a las madres privadas de su libertad, para los inimputables y para grupos vulnerables como son niños que se encuentren con sus madres en algún centro penitenciario, las personas de la tercera edad y la comunidad LGBTTTI”.