Carros golf y mototaxis

Ante la falta de un padrón oficial del servicio de ciclotaxis, los titulares de las 16 delegaciones de la Ciudad de México deberán presentar a la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en un plazo no mayor a tres días hábiles, un informe del estado actual de este servicio en sus territorios.

Lo anterior fue aprobado mediante un Punto de Acuerdo por la Diputación Permanente de la ALDF, presentado desde Tribuna por la presidenta de la Comisión de Movilidad, diputada Francis Irma Pirín Cigarrero (PRD).

Este informe deberá incluir datos de la posible existencia de este servicio que emplea motocicletas o carros de golf y que no está reconocido por la ley. También tiene que especificar si se tienen antecedentes de autorización o permisos para estos servicios no avalados en la Ley de Movilidad vigente.

El objetivo de este requerimiento a los delegados es que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como los diputados locales conozcan la dimensión de la problemática y propongan alternativas respecto del uso de este tipo de vehículos, detalló Pirín Cigarrero.

La legisladora explicó que la Ley de Movilidad específica cuáles son los servicios legales y determina las opciones no permitidas jurídicamente. Los servicios que no están autorizados en la normativa son los que usan motocicletas o carros de golf, detalló.

Para el desarrollo de políticas y acciones de control efectivo es necesario contar con información confiable; ahí se sustenta esta solicitud de información a los jefes y jefas delegacionales. “Existe información extraoficial de que en diversas delegaciones operan servicios no permitidos por la ley, pero las autoridades en la materia no cuentan con datos verídicos por parte de las instancias responsables”, reiteró.

Aunque los ciclotaxis se encuentran normados en la Ley de Movilidad, el servicio se ha expandido y su crecimiento se estima en 200 por ciento en los últimos años, agregó la legisladora.

La diputada consideró que el crecimiento de este medio de transporte alternativo dejó de ser un asunto meramente normativo y pasó a ser un problema de seguridad social y económico, ya que muchas familias dependen de los ingresos de estas actividades que se convirtieron en una alternativa laboral desde hace años, finalizó.