Abuso al Derecho H

La diputada Rocío Nahle García pidió que no se dé aval a los operadores municipales del servicio de agua en ese sentido.

Elevar la tarifa del servicio de agua es un acto que viola el derecho a su acceso, pues un sector de la población no podría cubrir su costo, sostuvo.

Permitir a las entidades federativas, en coordinación con los ayuntamientos, que establezcan y fortalezcan programas para el manejo del agua residual y potable en realidad lo único que provocaría es que los operadores del servicio aumenten las tarifas por suministrar el vital líquido, lo que sería un abuso al derecho humano de acceso a este recurso natural, denunció la diputada Rocío Nahle García.

En la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuestionó los cambios propuestos por dicha instancia a un Punto de Acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano, para que finalmente se establecieran tarifas y sistemas de cobro adecuados a los servicios que ofrecen los operadores municipales de aguas residuales, bajo el argumento de que estén en posibilidad de brindar servicios de saneamiento suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena apuntó que los operadores de aguas residuales suelen ser los mismos que prestan el servicio de agua potable y que, como se ha observado en varios municipios, esta práctica podría interpretarse como un aval para el aumento de las tarifas en el servicio, con lo cual se violaría el derecho al agua por el costo inaccesible para un importante sector de la población.

“Me parece que este Punto de Acuerdo es un cheque en blanco para que los operadores de agua puedan aumentar las tarifas en los municipios, que de por sí ya son tarifas elevadas en comparación con el salario y con los que tienen empleo, porque hay un gran desempleo en este país”, subrayó.

En ese sentido, la legisladora federal por Veracruz hizo un llamado a los integrantes de la Tercera Comisión a revisar detenidamente el Punto de Acuerdo, con el fin de garantizar que el abastecimiento del líquido y su tarifa sean justos, y no se comprometa ni ponga en peligro el derecho humano al agu