Justicia sin Pretextos

Es falso que el nuevo sistema sea una “puerta giratoria”. Éste ofrece soluciones más rápidas y sencillas, ya que la persona imputada sólo puede acceder una vez a este tipo de soluciones. En estas, la víctima tiene que estar de acuerdo y cuando acepta.

Cambios sustantivos en nuestro sistema de justicia desde distintos enfoques: reforma procesal penal, anticorrupción, derechos humanos, procuración de justicia, presunción de inocencia, reforma policial, defensa de los derechos de las víctimas y sistema penitenciario.

En 2016 entró en operación en su totalidad un nuevo sistema de justicia penal, gracias a muchos años de trabajo por parte de la sociedad civil que dio seguimiento a las reformas legislativas y, después, a su proceso de implementación.

Este nuevo sistema de justicia penal aspira a que, por encima de todo, se respeten los derechos humanos de todas las personas que pasan por un proceso penal: víctimas, imputadas, familiares y testigos.

Desde hace algunos meses se escuchan voces de algunas autoridades en pro de una contra-reforma al sistema de justicia.

Es preocupante porque no representan el ideal de un Estado democrático; más bien, constituyen un retroceso, al pretender reincorporar viejas prácticas que solapan la ineficiencia de las autoridades frente a un sistema con mayores estándares de investigación, protección y rendición de cuentas.

Todas las personas y organizaciones de este colectivo, exigimos:

1. Que no se dé marcha atrás a un proceso de democratización de la justicia en México;

2. No olvidar que como sociedad civil organizada contribuimos también a la correcta implementación del sistema de justicia penal;

3. Que se aplique de manera correcta y eficaz la ley; y

4. Se fortalezcan las instituciones encargadas del nuevo sistema de justicia penal Como expertas y expertos estamos convencidos de:

Es falso que imputada repara el daño y cumple con una serie de condiciones. el nuevo sistema sea una “puerta giratoria”. Éste ofrece soluciones más rápidas y sencillas, ya que la persona imputada sólo puede acceder una vez a este tipo de soluciones. En estas, la víctima tiene que estar de acuerdo y cuando acepta, la persona

Cuando la persona imputada está siendo procesada por un hecho delictivo, la fiscalía puede solicitar medidas cautelares, restricciones, tendientes a asegurar que va a comparecer a las audiencias y que no podrá en riesgo a las vícitmas.

Cada entidad debe contar con una unidad de medidas cuatelares que auxilia en esta decisión. La evidencia muestra que más del 90% de las personas imputadas están cumpliendo.

Es falso que el sistema de justicia impacte en el aumento de la incidencia delictiva. Las cifras presentadas por autoridades no tienen sustento.

El aumento no puede obedecer a una reflexión simplista, sino a una multiplicidad de factores: un aumento en el número de denuncias sin que las autoridades cuenten con la capacidad para investigarlas, ausencia de políticas públicas efectivas para la prevención del delito, etc.

El discurso gubernamental que afirma que dejar libres a “delincuentes” es un peligro para la seguridad pública y las víctimas, es sumamente preocupante.

El nuevo sistema creó mecanismos que garantizan la presunción de inocencia, permitiendo llevar un proceso en libertad, disminuyendo el uso de la prisión preventiva y siempre con condiciones que aseguren la protección de la víctima.

Asimismo, la idea de que liberar personas que han cumplido con su sentencia representa un riesgo para la ciudadanía, es un ataque directo al Estado de Derecho. Las autoridades deben recordar que es su obligación otorgar la libertad a quienes ha cumplido su sentencia y garantizar la reinserción social.

Si se identifican fallas en el sistema acusatorio, exigimos un diagnóstico real y serio que, con indicadores con perspectiva de derechos humanos, evalúe el desempeño de los operadores de justicia. Lo anterior con el propósito de justicia penal, por el que todas y todos apostamos.