Defensa Derechos

Una nueva investigación, recogida por el diario The New York Times, que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción

El principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.

Según reportes de The New York Times (NYT), cada licencia de infección tendría un costo alrededor de $77,000.00 dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público).

En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos (76 mensajes en esta nueva investigación y 12 en la investigación pasada sobre los activistas por el derecho a la salud, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo de la organización el Poder del Consumidor y Luis Encarnación de la coalición ContraPESO) para espiar a periodistas y defensores de derecho humanos vinculados a la infraestructura de Pegasus.

Estos casos de vigilancia a los activistas por el derecho a la salud constituyeron un detonante para que la sociedad civil mexicana se retirara del mecanismo de co-construcción con el Gobierno Federal y el INAI en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto.

La nueva publicación reveló que otras organizaciones, periodistas y personas críticas al poder también han recibido mensajes de la misma naturaleza y son identificadas como blanco de ataques para tener acceso y control absoluto de sus dispositivos.

Las personas que recibieron los mensajes SMS con enlaces maliciosos fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal de noticias (Aristegui Noticias), así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carme

Aristegui; el periodista Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Resulta de gravedad que un adolescente, el hijo de la periodista Carmen Aristegui, fuera una de las doce personas que recibiera los mensajes con enlaces al programa malicioso Pegasus para ser espiado.

En un escueto mensaje en Twitter, Eduardo Sánchez H., Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del NYT en donde se señala que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje” y llamó a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Este respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la SEDENA cuentan con estas herramientas de espionaje. Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.