Traidores ex Ruta 100

En la víspera de cumplirse 22 años del crimen cometido en contra del magistrado Abraham Polo Uscanga, y al hacer una retrospectiva, el líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, alertó que alrededor del conflicto laboral camionero que tiene más de 22 años y que las autoridades locales y federales han caído en la omisión y colusión gubernamental para no darle inmediata solución, el trasfondo tiene tintes políticos donde campean las acciones de traidores que han frenado toda clase de negociaciones ante la buena voluntad del Gobierno de la Ciudad de México.

Este lunes 19 de junio, se cumplen 22 años del artero asesinato en contra del magistrado Abraham Polo Uscanga; acude una comisión del SUTAUR-100 a depositar una ofrenda en memoria de tan distinguido jurista

Cuellar Valdez denunció que “la mano que mece la cuna” surge de quienes fueron líderes de esta empresa camionera, que basados en la intimidación, la injuria y las amenazas de muerte resurgen en un momento delicado cuando el caso se está analizando para su ejecución en los Tribunales de la capital de la República.

El valor específico del conflicto de la ex Ruta 100 asciende a más de mil millones de dólares incluyendo su patrimonio inmobiliario, el eslabón económico que representa la liquidación de los adeudos porcentuales para los 12,004 trabajadores afiliados al SUTAUR-100, entre otros rubros.

l caso RTP (Ruta de Transporte de Pasajeros) del gobierno citadino, es otro de los componentes que se eslabonan en la liquidez que favorecen a la ex Ruta 100, y que ascienden a más de 780 millones de pesos y por el momento las autoridades capitalinas están en espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, encabezado por el magistrado mexiquense Álvaro Augusto Pérez Juárez, emita el resolutivo final para fincar las responsabilidades históricas de los coautores de la quiebra de la Ruta 100.

En Derecho, la definición material e intelectual de la traición, se refiere a un conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos en contra de las personas o grupos de poder.

Familiarmente, la traición consiste en defraudar a familia, amigos, grupo étnico, religión, u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario jurídicamente a lo que los otros esperan.

A menudo, cuando se acusa de traidor, tales acusaciones son controvertidas y disputadas, cuando la persona no puede identificarse con el grupo del cual es miembro, o de lo contrario está en desacuerdo con los líderes del grupo que hacen el cargo.

Los traidores que están identificados con el inefable grupo que manipula la dupla integrada por Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, acechan en todo momento al Movimiento Revolucionario y Democrática de la ex Ruta 100, que está en espera que los Tribunales del país les hagan entera justicia.

Porque –arengó- “si no hay justicia, no habrá paz”, el conflicto de la ex Ruta 100 está ya a punto de pasar a la historia porque la administración del Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha decidido en proyectar su imagen como un luchador social que defiende también las causas de las clases trabajadoras y necesitadas, que de algún modo está construyendo sus cimientos que le permitirán convertirse en un candidato presidencial solidificado de la izquierda institucional, en la víspera de los comicios federales presidenciales de junio de 2018.

El grupo espurio de Barco/Camacho se siente seguro de que a través de un fraudulento frente contrarrevolucionario y coludido con oscuros funcionarios gubernamentales, su pretensión es la para dilatar la solución jurídica de la ex Ruta 100.

Se considera, afirmó Cuellar Valdez, que esos malos servidores públicos han sido atrapados por los tentáculos de la corrupción para incumplir con hacer justicia a los legítimos ex trabajadores de la R-100.

El dirigente camionero confió en la buena voluntad del Tribunal Superior de Justicia local, encabezado por el destacado magistrado Pérez Juárez, y estimó que entre julio y agosto, serán los meses cruciales que habrán de definir caminos para el restablecimiento de justicia y la entrega por parte del gobierno citadino, de los emolumentos de liquidación que desde hace 22 años vienen luchando esforzadamente.

Por lo tanto, este lunes se cumplen 22 años del crimen de Estado que se cometió en contra de la figura del magistrado Abraham Polo Uscanga, cuyo asesinato ha quedado en la completa impunidad a pesar del extraordinario historial que se tornó a su alrededor pero que ha dejado un sabor amargo en la boca.