Seguridad Privada

Es necesario reducir la sobrerregulación legal a empresas prestadoras del servicio de Seguridad Privada y eliminar la obligatoriedad de balizar vehículos, solicitudes realizadas por la Coparmex.

Se debe garantizar que la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México garantice el combate a la corrupción e impunidad y se proteja a los ciudadanos de servicios de escoltas no regulados.

El diputado José Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se reunió con representantes locales y federales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que legislar la prestación de los servicios de seguridad privada mediante la modificación de su Reglamento no debe contraponerse con el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el apartado A, inciso 3 del artículo 42 de la Carta Magna local.

“Reglamentar la prestación de servicios de seguridad privada en la Cuidad de México, y dar pauta a las instituciones locales para garantizar la seguridad de los capitalinos debe estar acorde con lo que se establece en la Constitución federal y local”, comentó.

Representantes de la Coparmex coincidieron en la necesidad de que en el Reglamento se modifiquen temas como la sobrerregulación a las empresas prestadoras del servicio mencionado y que se elimine la obligatoriedad de balizar autos locales y foráneos dedicados a esta actividad y que circulan o atraviesan por la capital del país.

Otras de las solicitudes fueron garantizar el libre tránsito de los vehículos y escoltas, así como establecer mejores mecanismos de vigilancia que respeten los derechos humanos de quienes se dedican a esta actividad, a fin de que no sean remitidos a las autoridades cuando tengan sus papeles de operación y portación de armas en regla.

El legislador anunció que esta semana se presentará en la Comisión de Seguridad Pública que preside, la propuesta de dictamen que incluya las modificaciones propuestas por diferentes sectores sociales a la Ley de Seguridad Privada, para que de la mano con el Jefe de Gobierno se le dé a ciudadanos y empresas una normativa que garantice el respeto irrestricto a sus derechos.

“Lo que buscamos es poner ciertos candados a las personas físicas que no cuentan con ningún permiso y que han brindado estos servicios. Queremos acabar con las personas que han abusado de otras sin ser identificadas”, dijo.