Trabajo infantil

En la conmemoración del día Mundial contra el Trabajo Infantil en la Ciudad de México (CDMX), diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pedirán al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cambiar el nombre a la Casa del Menor Trabajador que se ubica en la Central de Abasto.

Indicaron los legisladores que se institucionalizará un espacio como esos que sin duda es importante que exista” y propusieron que esa casa se convierta en un centro de asistencia para erradicar el trabajo infantil.

Indicaron que no se puede quitar de la noche a la mañana porque definitivamente se requieren los apoyos que ahí se dan a los niños que trabajan en la Central de Abasto con diferentes actividades como carretilleros entre otros.

Así mismo demandaron a los sectores y autoridades más atención y un mayor esfuerzo para erradicarlo, indicó que a pesar del marco jurídico que tiene nuestro país en la materia, no se cumple y hoy 2.5 millones de menores mexicanos realizan alguna actividad económica.

Especial atención se requiere combatir al trabajo infantil en sus peores formas entre las que se encuentran ladrilleras, sector de la construcción, mineras, jornaleros agrícolas y pesca.

En México nueve de cada diez menores trabajan en actividades no permitidas por estar debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

La participación infantil en actividades laborales según grupo de ocupación se concentra en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (30.2%), en tanto que 23.2% son trabajadores de apoyo en la minería, construcción e industria.

En el caso de los niños de 5 a 17 años en ocupación no permitida, se concentran en estas ocupaciones con 37.5% y 25.5% respectivamente; mientras que 28.6% de las niñas son comerciantes, empleadas en ventas y agente de ventas, y 17.1% son trabajadoras de apoyo en la minería, construcción e industria.

Señaló que de acuerdo con especialistas, el trabajo infantil está ligado a la pobreza y el que los menores trabajen obedece a una necesidad económica, como complemento al apoyo familiar o incluso ya para sostener a sus propias familias y sin embargo lo que aporta un niño a la economía de la familia no representa un mejoramiento en el nivel de vida y si a largo plazo afecta el nivel educativo de la población, la productividad de la fuerza laboral y su competitividad.

Por lo que es necesario articular agendas locales con actores estratégicos, a fin de construir instrumentos para la prevención y erradicación de este fenómeno social, para evitar que niñas, niños y adolescentes formen parte de la delincuencia organizada.

La realidad, enfatizó, es que en nuestro país, con carencias tan importantes, las niñas, niños y adolescentes que tienen la necesidad de salir a trabajar corren el riesgo de abandonar sus estudios e inmiscuirse, primero, en algún tipo de adicción y posteriormente en la delincuencia organizada.