No más muertes

La Asociación Civil, Ixtlamatque Ukari, A.C., defensora de derechos humanos, exigió a la Procuraduría del estado de Quintana Roo (PGJ-QR) y en su caso, a la Procuraduría, General de la República (PGR), investigar hasta sus últimas consecuencias y con absoluta seriedad, la muerte de Héctor Casique Fernández, víctima de tortura y abuso de poder en aquella entidad, señaló la presidenta de la Asociación Civil, Norma Bautista.

El ambiente de violencia generalizada que se vive en México afecta el tejido social de manera irreversible, por lo que es necesario erradicar la impunidad, la corrupción y el abuso de poder, sobre todo de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia en el país y en cada entidad en particular, señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.

Ángeles Valencia hizo notar que las persecuciones, muertes y violaciones de derechos humanos en todo el país evidencian la incapacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.

Conjuntamente con Ixtlamatque Ukari, A.C, la diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), lamentó profundamente el asesinato y expresó sus condolencias y solidaridad con la familia por la suma de todos los delitos que fue víctima el hoy desaparecido Casique Fernández.

Norma Bautista, presidenta de la Asociación Civil, recordó que Héctor Casique fue torturado para que se declarara culpable de la ejecución múltiple ocurrida en el bar “La Sirenita” de Cancún, Quintana Roo, en marzo de 2013, al precisar que su organización social en todo momento sostuvo comunicación con el hoy occiso y su familia.

Integrantes de Ixtlamatque Ukari, A.C. exigieron a las autoridades que procuran justicia que el caso de Héctor Casique Fernández quede totalmente aclarado porque nunca se presentaron pruebas que lo inculparan en delito alguno y que tal es el caso, argumentó, que en septiembre quedó en libertad, además de recibir una disculpa pública por parte de la actual Fiscalía General del estado.

Recordó que en 2013, Casique Fernández, fue engañado por el entonces director de la Policía Judicial de Quintana Roo, Arturo Olivares Mendiola, durante la gestión del gobernador Roberto Borge, en virtud de que el funcionario le prometió asignarle una plaza en la corporación a cambio de la entrega de dinero en efectivo; “Olivares no cumplió el acuerdo y por reclamar, le costó la vida a Casique”, sostuvo Bautista.

Las arbitrariedades, subrayó, comenzaron con su ilegal detención, el sometimiento a actos de tortura por parte de las autoridades para obtener una confesión autoincriminatoria sobre su supuesta participación en un homicidio múltiple y la estigmatización de su persona al relacionarlo con el crimen organizado.

La defensora de derechos humanos mencionó que la lucha familiar para demostrar la inocencia de Héctor se intensificó al grado que hubo consignas para que su caso no se difundiera en Quintana Roo, además de los constantes actos de hostigamiento, tortura y agresiones hacia él dentro del penal, “las amenazas y ataques llegaron incluso hasta la familia Casique Vázquez” destacó.

Resaltó que con el acompañamiento de Ixtlamatque Ukari, A.C., su caso y su defensa comenzó a difundirse fuera de Quintana Roo, esto, porque las autoridades de su estado le negaron el apoyo.

Norma Bautista precisó que el 26 de septiembre de 2014 convocó a conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), donde se pidió a las autoridades de la PGJ-QR la liberación de Héctor Casique por ser víctima de múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas actos de tortura por parte de elementos judiciales, la relató.

Expresó que de esta manera inició la difusión en todo el país, y que las acciones legales de sus abogados particulares comenzaron a vislumbrar la verdad, logrando no sólo el esclarecimiento de los hechos, sino que se logró demostrar las irregularidades del proceso y los atropellos de los que fue objeto desde su detención y que se prolongaron aún en reclusión.

Afirmó que finalmente se demostró la inocencia y la libertad de Casique Fernández, y que derivado de ello se forzó a la Fiscalía del Estado a reconocer las irregularidades cometidas en su perjuicio, a través una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Lamentamos, dijeron, que el 8 de junio pasado la voz de Héctor y su familia fueron reducidas, porque fue asesinado mientras se encontraba en un restaurante, también en el Estado de Quintana Roo, de manera sospechosa.