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Discapacitados

  • Chronos
  • 11 jun 2017
  • 2 Min. de lectura
El Gobierno de la Ciudad de México estará obligado por ley a brindar una atención prioritaria e inmediata a las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad que realicen trámites o demanden servicios ante las distintas dependencias, informó la Diputada Elizabeth Mateos.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informó que la Administración Pública capitalina deberá dar también un trato digno, respetuoso y no discriminatorio, al aprobarse reformas a la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en el DF.
Con la modificación al Artículo 5 del ordenamiento, las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y entidades de la administración pública capitalina tendrán que disponer de personal específico y capacitado para la atención.
Mateos Hernández señaló que se garantizarán espacios de fácil acceso y confortables para la atención de trámites y la prestación de servicios que realicen personas de ese sector de la población capitalina.
Recordó que en la Ciudad de México hay 483 mil 045 personas que viven con algún tipo de discapacidad, de las cuales 43 por ciento habitan en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.
Las reformas atienden la visión de Capital Social incluyente en la Ciudad de México con la protección social de los grupos más vulnerables, mediante la creación de entornos favorables y la promoción de mejores servicios de apoyo.
Lo anterior, para garantizar el disfrute pleno de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, que les permita cubrir una serie de necesidades fundamentales, como la accesibilidad, libertad de movimiento, igualdad y la no discriminación.
Los cambios aprobados por la Comisión Dictaminadora fueron impulsados por el Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que deberán ser votados para su aprobación definitiva en el Pleno legislativo.

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