No a la estigmatización

Al pronunciarse que no se puede estigmatización a todas esas personas que delinquieron por equis razones y buscan reincorporarse a la sociedad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, subrayó el compromiso del órgano judicial con el principio de presunción de inocencia, la reinserción social, el debido proceso y el acceso a la justicia.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración con diversas asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada, también refrendó que en el órgano judicial capitalino se trabaja para lograr una justicia al servicio de la gente, y enfatizó que tal horizonte sólo puede construirse de manera incluyente y participativa con la sociedad civil.

Destacó que con tal convenio se realizarán acciones encaminadas a la supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares, así como el acompañamiento integral a las partes en el proceso cuando se autoriza la salida alterna denominada suspensión condicional del proceso.

En la sede del TSJCDMX, el Doctor en Derecho Pérez Juárez, dijo también que las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso son figuras jurídicas que son esenciales para el debido proceso y la presunción de inocencia, y, asimismo, factor de reinserción social con un impacto directo en la vida y la dignidad de las personas, porque restauran las fibras y dinámicas individuales y sociales.

El magistrado comentó que las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada firmantes del convenio de han destacado por prestar atención médica, terapéutica y psicológica para superar los fenómenos de adicción y violencia, así como por el cuidado a través de albergues y alimentación, la capacitación para el empleo y la iniciativa para generar empresas.

También recordó que el sistema procesal penal acusatorio tiene como objetivo brindar a las personas que entran en conflicto con la ley penal opciones de vida que les permitan transitar hacia maneras positivas de desarrollo de sus potencialidades con su familia y en general con la sociedad.

Reconoció que el apoyo de la sociedad civil es estratégico para encontrar medidas asertivas para todas y cada una de las personas que entran con conflicto con la ley penal.

“Es indispensable que dentro del proceso penal acusatorio se garanticen todos los derechos de quien presuntamente ha cometido un delito, y que se encuentren los mecanismos y medidas que le permitan encontrar puertas educativas, laborales, deportivas y de esparcimiento necesarias para reinsertarse de una manera constructiva en la sociedad”, puntualizó.

En la firma del convenio estuvieron directivos y representantes del Centro Initziare, Jóvenes constructores de la comunidad, Cauce Ciudadano, Fundación pro empleo productivo, Fundación pro niños de la calle y Hogar integral de la juventud, además de consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México y funcionarios del órgano judicial capitalino de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

En entrevista de pasillo, al magistrado Pérez Juárez se le planteó que el Gobierno de la Ciudad de México reconoció de una cantidad importantísima de presos que han salido, y muchos de ellos reincidentes, y por ende es necesario encontraron algunos ajustes para proponer para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Cuál es la postura del Tribunal en ese sentido?

Respondió: “Necesariamente, como se ha expuesto, se tendrá que revisar ajustes en el sistema penal, ver en dónde hay áreas de oportunidad, y en esas áreas de oportunidad a la parte que le corresponda ponernos a trabajar, pero sobre todo, recordar, que en el nuevo sistema todos estamos inmersos y todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde.

“Aquí –añadió- si el sistema penal acusatorio funciona con los ajustes que se tengan que hacer, sale ganando la sociedad. Si el sistema penal fracasa, es un fracaso de la sociedad y obviamente de todas las instituciones. Todos tenemos responsabilidad y aquí no se trata de quién tiene la culpa, sino vamos a solucionar los problemas, eso es lo más importante.

Consultado si ante este nuevo panorama sería pertinente que tanto la Asamblea Legislativa y el Congreso federal tuvieran que analizar nuevas reformas penales, mencionó que “todas las instancias de gobierno tendrán que participar en el ámbito de nuestras competencias. Eso es lo que les puedo decir.

-¿Cuáles son los principales conflictos o problemas que enfrentan estas personas cuando tratan de reincorporarse a las fuentes de trabajo, a las escuelas, a la sociedad?

-Normalmente –puntualizó- si se les da el rechazo y no se les da la oportunidad, eso es estigmatizarlas, y eso va en contra de cualquier sistema y no respeta derechos humanos.