Fuerza armada

El lamentable hecho en donde un militar asesinó a su teniente en Valle de Chalco después de un operativo fallido demuestra el estrés al que se encuentran sometidos no sólo los integrantes de las fuerzas armadas sino los policías en todo el país.

Hasta hoy los estados no han sido capaces de construir instituciones eficaces para prevenir y perseguir el delito, situación que muchos delincuentes han aprovechado para dañar a la sociedad y provocar impunidad.

Las víctimas del delito nos enfrentamos a un nuevo sistema de justicia penal inequitativo, el cual privilegia los derechos de los imputados por encima de los de las víctimas.

Hoy celebramos que en la SCJN, se estén dando cuenta de eso y en la medida de lo posible, estén poniendo el suelo menos disparejo, con criterios como los emitidos en la contradicción de tesis relativa a caso urgente 312/2016 a propuesta de la Ministra Norma Lucia Piña Hernandez.

Por su parte, el Poder Legislativo ha emitido normas contradictorias y otras con grandes vacíos jurídicos (Miscelánea Penal: Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, Ley General de Víctimas, entre otras) en todos los casos en perjuicio de las víctimas. Un reciente ejemplo es la Ley General contra la Tortura que en su artículo SEGUNDO TRANSITORIO permite que las personas sentenciadas cuyas pruebas hayan sido obtenidas no sólo bajo tortura (con lo que concordamos plenamente) sino por CUALQUIER OTRA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, puedan solicitar revisión de sentencia, es decir, de acuerdo con este artículo, aun después de haber sido sentenciado en última instancia, podrá solicitar un incidente de revisión, lo que significa que NUNCA TENDRÍAMOS SENTENCIA DEFINITIVA. Esto beneficiará seguramente a miles de sentenciados.

Por otro lado, siguen pendientes las Leyes de Mando Mixto y de Seguridad Interior, lo que refleja un gran desinterés de nuestros legisladores por la seguridad pública de los mexicanos.

Pese a la reforma judicial seguimos sin tener igualdad de armas en el proceso y hay una marcada tendencia a defender sólo los derechos de los procesados, las víctimas son revictimizadas tanto por las autoridades como por los delincuentes, quienes incluso desde prisión buscan que los juzgadores interpreten leyes de manera inadecuada para obtener beneficios que vulneran los derechos de las víctimas, ejemplo concreto es el uso que pretenden dar del caso urgente en Ley Nacional de Ejecución Penal para excarcelar a internos por delitos tan graves, como delincuencia organizada.

Finalmente, los otros grandes olvidados en la consolidación del sistema de justicia penal son los policías y elementos de las fuerzas armadas. Por ello, exigimos a los Estados que construyan instituciones policiales sólidas con condiciones dignas y capacitación adecuada, asimismo hacemos un llamado a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Marina para que las fuerzas armadas quienes enfrentan a peligrosos delincuentes reciban atención psicológica y evaluaciones periódicas para procurarles una salud mental óptima para el adecuado desempeño de sus funciones.