Aumentar penas

La pena por el delito de robo de autotransporte de carga es de cinco a 10 años de prisión, sin violencia, y de 10 a 20 años, con violencia, y para inhibir el flagelo se debe aumentar de cuatro a ocho años de cárcel adicionales.

La diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó al Pleno de la Comisión Permanente una iniciativa para adicionar la fracción X al artículo dos, y reformar el artículo tres de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Abundó en que del año 2006 al 2010, el robo al autotransporte se incrementó en 108 por ciento, y entre 2009 y 2010, en un 52.1 por ciento; y de acuerdo con el estudio Robo de Carga en México 2012, de Freight Watch International, México es el país que más asaltos registra.

La iniciativa que también es propuesta de los diputados Xavier Nava Palacios y Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Pretenden en la Permanente expedir la Ley General de Mejora Regulatoria

Se buscan mayores beneficios para la sociedad a través de la formulación normativa de reglas e incentivos.

Obligaría a todos los órdenes de gobierno a implementar políticas públicas de mejora regulatoria.

Con el fin de procurar mayores beneficios para la sociedad, a través de la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad o a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano, el senador del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Larios Córdoba, presentó una iniciativa que pretende se expida la Ley General de Mejora Regulatoria.

El legislador señala que la reforma constitucional establece que todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Destaca que en la nueva ley se establece un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que regulará normas y estrategias, así como la creación y evaluación de lo político público, de la mejora regulatoria de los distintos órdenes de gobierno.

Busca, entre otras cosas, la creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones; el uso de tecnologías de lo información, compilar regulaciones, trámites y servicios. Entre sus facultades, se agrega en la propuesta, está la promoción entre los sectores social, privado, público y

académico para la realización de encuestas sobre aspectos generales y específicos, que permitan conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en el país.

También se establece la implementación de la política de mejora regulatoria en los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, de los órdenes federal o local, y las empresas productivas del Estado.