PESQUISA POLÍTICA.

El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), que encabeza el Doctor Miguel Ángel Mancera, cancela el programa de plazas comerciales que fueron entregadas a los vendedores ambulantes, por ex jefes de gobierno, Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, afectando a 10 familias.

Ahora dichas plazas son traspasadas a la iniciativa privada, perjudicando a cientos de comerciantes que en un principio de vieron beneficiados, para ganarse la vida honestamente.

El dirigente del Frente Nacional de Comercio Formal, David Arévalo Méndez, dijo que los centros de abasto decomisados está Plaza Vizcaínas, las Plazas San Antonio Abad I y II, y continúa con las ubicada a un costado del Metro San Lázaro.

También están en peligro de perder su patrimonio los comerciantes que se encuentran en las plazas de los Centros de Transferencia Modal, u otras.

En el marco de un programa de reordenación del comercio ambulante, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís y posteriormente Marcelo Ebrard, se crearon varias plazas comerciales para entregárselas a los comerciantes informales del Centro Histórico.

En esos casos estuvieron las mencionadas plazas comerciales que ahora fueron despojadas a los comerciantes y que las tenían en comodato.

Esta enajenación de las plazas a sus legítimos poseedores, instrumentada por la actual secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ha dejado en la calle a más de 10 mil familias que dependían de la venta en los locales de manera directa e indirecta, sin que a la fecha se les haya ofrecido una alternativa de empleo, ni siquiera fueron integrados a los programas de desempleo que ofrece la administración de la Ciudad de México.

Durante el despojo de las Plazas San Antonio Abad I y II, los efectivos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, robaron ropa de paca, que fue repartida entre policías y granaderos, además de que reconoció el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que se lavó y se usó para relleno de colchones y almohadas, a pesar de las acusaciones de que se encontraba contaminada y llena de bichos.

La venta de los 100 mil kilos de hierro que sacaron de las dos naves comerciales, que vendida como fierro viejo tiene un costo de cinco pesos el kilo, por lo que dejó una ganancia de casi 50 millones de pesos, sin que a la fecha se haya dicho quien se quedó con esos recursos.

Ante la pérdida de sus fuentes de ingresos, por el despojo de sus locales comerciales, el dirigente de los comerciantes informales, demandó a la Secretaría de Gobierno, que en el marco de lo que establece la nueva Constitución Política y los programas para integrar a los vendedores de vía pública a la formalidad, les den un plano de las calles a donde podrían continuar realizando su actividad económica, para lo cual están dispuestos a integrarse a los padrones de ambulantes delegacionales y pagar su cuota correspondiente.

Sin embargo, David Arévalo, considera que la entrega de las calles al comercio informal tiene más un interés político-electoral, pues la vía pública podría terminar siendo rentada a grupos afines y al mejor postor para el recaudo del presupuesto electoral.