Crimen de Demetrio Saldivar

El día de ayer fue asesinado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero nuestro compañero militante y dirigente del PRD en esa entidad, Demetrio Saldivar Gómez.

El Fiscal General de la entidad ha abierto una carpeta de investigación por este asesinato y se ha comprometido a esclarecer el crimen, por su parte, el gobernador de la entidad Héctor Astudillo, también se ha comprometido a esclarecer este asesinato y ha urgido a que se inicie una investigación diligente y exhaustiva.

Aunque ambos funcionarios se comprometan públicamente a hacer su trabajo, es decir, a investigar este asesinato y a sancionar a los responsables, dichas declaraciones son insuficientes y resultan vacías frente a la grave crisis de seguridad y procuración de justicia que se vive en esa entidad y en buena parte del país.

Durante muchos años, como perredistas hemos engrosado una larga lista de compañeras y compañeros que perdieron la vida como parte de sus actividades políticas, quieres fueron asesinados indistintamente por caciques locales, por policías municipales o por gavilleros contratados por adversarios políticos para acallar sus voces críticas con la finalidad de debilitar la conformación de una fuerza de izquierda comprometida con la gente.

Hoy compañeros y compañeras perredistas siguen siendo asesinados sin importar que ahora ocupen cargos públicos y de gran responsabilidad social, Gisela Mota en Morelos, José Villanueva en Oaxaca, Amado Islas, Roger Arellano, Ambrosio Soto y Catalino Duarte en Guerrero, han sido asesinados y/o desaparecidos bajo circunstancias extrañas y aún sin aclarar por las autoridades responsables.

Hace 20 años se señalaba que los asesinatos de perredistas no eran motivados por su actividad política sino por otros otras causas, hoy, se señala que estos asesinatos y desapariciones están relacionadas con la delincuencia organizada e incluso se señala públicamente como “justificación” de esos crímenes que las personas asesinadas “andaban en malos pasos”.

Ni hace 20 años, ni ahora, puede permitirse un discurso en donde se criminalice a las víctimas y en donde la autoridad se abstraiga de sus responsabilidades de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de toda naturaleza, pero especialmente, de la violencia política en contra de quienes hemos mantenido una voz crítica a este sistema y hemos procurado construir alternativas reales.

No basta con discursos, ni con anunciar públicamente que las autoridades harán su trabajo, ni basta tampoco con que como partido político exijamos justicia y nos conmovamos con sus muertes.

Si no entramos de fondo a discutir el esquema de seguridad y justicia que se ha impuesto erróneamente en nuestro país y que se mantiene literalmente a “sangre y fuego” seguiremos exigiendo justicia al aire, seguiremos exigiendo verdad sin obtenerla y seguiremos lamentando las muertes y las desapariciones de más compañeras y compañeros.

No podemos como sociedad y como partido político seguir aceptando que esta estrategia de seguridad se mantenga a pesar de los errores, las tragedias y las graves violaciones a los derechos humanos que le dan forma.

Luchar por un cambio de modelo en la estrategia de seguridad y justicia puede salvar muchas vidas, entre ellas, la de nuestros compañeros y compañeras perredistas que día a día arriesgan su integridad por seguir luchando para construir una patria para todos y todas.

Exijamos un cambio real, por la memoria de todas y todos los que han muerto injustamente por todas y todos lo que no debieron morir en esta guerra absurda y llena de mentiras que nos ha llevado en los últimos 20 años a convertirnos en un país lleno de fosas, de asesinados, de desaparecidas y en un país vacío de esperanza y de confianza.