REVISAR EJERCICIO PRESUPUESTAL

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó a la Auditoría Superior de la Ciudad de México realizar una auditoría especial a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a fin de investigar, analizar y resolver las posibles irregularidades que se estén generando en el ejercicio de los recursos públicos.

En el punto de acuerdo presentado ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el diputado del PRD, Iván Texta Solís y que fue enviado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para su dictaminación, se señala que con base a las inconsistencias vertidas en el informe presupuestal relativo al ejercicio fiscal 2016 de la JLCA es inevitable solicitar que se audite a la dependencia.

El legislador perredista dijo que lamentablemente no existe información suficiente sobre el correcto actuar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México .

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la ALDF refirió que hay constantes quejas de los justiciables en materia laboral que señalan actos de corrupción al momento de dictar justicia, por lo que es necesario transparentar el uso de los recursos que recibe y determinar si existe opacidad en el ejercicio presupuestal.

Explicó que de acuerdo a versiones periodísticas cada día crecen las inconformidades al interior de la JLCA que preside Margarita Darlene Rojas Olvera, por un supuesto tráfico de influencias en la aplicación de la justicia y el rezago en los juicios laborales que perjudica a la clase trabajadora.

En ese sentido, Texta Solís detalló que en el último informe que la dependencia publicó en internet, correspondiente al mes de diciembre de 2016, se señala que hay 102 mil 768 expedientes en trámite, mil 713 demandas recibidas y mil 435 juicios terminados.

El reglamento de la junta, explicó el diputado del PRD, señala su obligación de resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que surgen dentro de la competencia territorial de la Ciudad de México, garantizando con ello el acceso a la justicia en un marco de trato humano digno y contribuyendo así al fortalecimiento del estado de Derecho en nuestra ciudad capital.

Comentó que al cierre de 2012 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró en la Ciudad de México un total de 276 mil 926 personas desocupadas, 1 millón 199 mil 163 que trabajaban en el sector informal y poco más de 128 mil que no recibían remuneración.

Ante esta situación, el legislador del PRD recalcó que existen factores sociales y culturales que han obstaculizado el acceso al empleo para segmentos de población juvenil carente de experiencia laboral, personas adultas mayores, con discapacidad, madres jefas de familia, indígenas y migrantes, entre otros, quienes llegan a enfrentar situaciones de discriminación en los procesos de contratación y desempeño laboral.