Derechos humanos prioridad de estado

Gobierno de la República toma debida nota de las propuestas contenidas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, presentado hoy por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dicho Informe será analizado exhaustivamente por las instituciones federales responsables en la materia.

El Gobierno de la República reconoce la importante labor de la CNDH, así como de colectivos y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de fortalecimiento y mejora de los esfuerzos institucionales encaminados a la erradicación de esta problemática.

Al respecto, expresa su plena coincidencia en que la garantía efectiva de los derechos fundamentales y el combate de las condiciones y fenómenos que los vulneran, son una prioridad de Estado que llama a la acción conjunta y corresponsable de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

Hacer frente con eficacia y contundencia a la desaparición de personas es una condición esencial para la vigencia del Estado de Derecho y para el desarrollo en nuestro país. Por ello, el compromiso y los esfuerzos del Gobierno de la República han sido permanentes y en diversos ámbitos.

Como lo ha señalado la CNDH, la aprobación de la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, propuesta por el Ejecutivo Federal y en proceso de discusión en el Poder Legislativo, permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito, entre ellos:

El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas como la Instancia superior para la articulación de esfuerzos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como de los procesos que conlleven a la homologación de protocolos y registros en esta materia.

Ø Dicho Sistema se encontraría integrado por herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y el Registro Nacional Forense, los cuales permitirán facilitar la localización e identificación de personas y reglamentará lo relativo a la disposición de cadáveres y restos.

Ø El Sistema también aseguraría la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición, con el objetivo de garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna dentro de las primeras 72 horas.La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cual tendría las siguientes características:

Ø Coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda y administrará la información para la búsqueda de personas.

Ø Ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Ø Diseña y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones.

Ø Recibir denuncias o reportes sobre desaparición de personas.

Ø Acceder a la información contenida en bases de datos y registros de todas las autoridades.

Ø Contar con una Unidad de Búsqueda y con Fuerza de Búsqueda (Policías capacitados y certificados), un área de Análisis de Contexto y un Área de Gestión y Procesamiento de Información para la realización de sus actividades.

Ø Se pretende preservar la corresponsabilidad de la Federación y las Entidades Federativas en la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el liderazgo de la Federación

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas permitiría los familiares dar seguimiento a su denuncia de desaparición. Se trata de un registro con información actualizada, proporcionada por hospitales, centros de detención, estancias migratorias, cruces fronterizos y servicios médicos forenses, tanto federales como locales.

El Registro Nacional Forense utilizaría los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas.

Dos tipos penales: el de desaparición forzada, cometido o instigado por servidores públicos; y el de desaparición por particulares; ambos permanentes e imprescriptibles, con una sanción de 50 a 100 años de prisión y de 40 a 90 años de prisión respectivamente, que evidencian el compromiso del Estado de castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y trasgreden el tejido social.

Mecanismos especiales para que la sociedad civil, a través del Consejo Nacional Ciudadano –integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas–, participen de manera activa para asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

Sin duda, los esfuerzos hasta ahora realizados deben ser complementados y profundizados para dar marcha atrás a un tema que lastima profundamente a la sociedad.

Por ello, el Gobierno de la República reitera su compromiso indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos humanos.