Urge la Fiscalía Anticorrupción

Quedó instalado, formalmente, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, i

nstancia que articulará a las siete instituciones que conforman el sistema nacional nacerá incompleta y en medio de un proceso enrarecido.

A más de dos años de haberse emitido la primera convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción -en adelante Fiscalía Anticorrupción- el Senado ha aplazado su decisión y aún no logra alcanzar acuerdos que hagan posible este nombramiento.

Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado consideramos que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción debe darse en paralelo a la discusión de reforma del artículo 102 de la Constitución Federal relativo al nombramiento del Fiscal General.

La intención es que esta Fiscalía nazca con total autonomía, ya que bajo el marco normativo actual, estaría inserta en la actual Procuraduría General de la República , dependiente del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con la experiencia comparativa a nivel internacional, sabemos que esta falta de autonomía puede limitar sustancialmente investigaciones relacionadas con actos de corrupción de altos funcionarios federales, especialmente los adscritos a dicho poder. Más aún, la propia Fiscalía, al día de hoy carecería de facultades esenciales como las consistentes en nombrar y remover a su personal.

La legislación actual permite al Procurador General dar por terminada toda investigación relacionada con hechos de corrupción, aún en contra de la opinión del futuro Fiscal Anticorrupción.

Por ello exhortamos al Senado a convocar, mediante sus comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana, a una amplia discusión, bajo el esquema de Parlamento Abierto, sobre el artículo 102 Constitucional y sobre el modelo de Fiscalía General que el país requiere.

Asimismo es fundamental que acelere los esfuerzos para analizar y aprobar la Ley Orgánica y demás leyes secundarias que permitan el adecuado funcionamiento de la Fiscalía

General, y que otorgue la garantía de recursos materiales, humanos y operativos para el funcionamiento de las fiscalías especializadas que dependen de la Fiscalía General.

En cuanto a la designación del Fiscal Anticorrupción, es fundamental que el Senado se comprometa públicamente a que la Junta de Coordinación Política haga explícitos los criterios y razones que lleven a la selección del candidato o candidata que someterán al pleno para su ratificación.

Además es fundamental el compromiso de dotar al Fiscal Anticorrupción de un número suficiente de unidades especializadas en cada una de las delegaciones del Ministerio Público, para poder integrar investigaciones que impliquen delitos de corrupción.

Es importante que el proceso cumpla con principios indispensables de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con los que se han llevado a cabo otras designaciones públicas exitosas.

En el contexto actual del país y ante la expectativa social del compromiso político en el combate a la corrupción, se espera que el nombramiento abone a la legitimidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Eso sólo podrá ocurrir si se justifica a la sociedad cuáles fueron los criterios considerados por el Senado para evaluar, incluir o descartar la idoneidad de los candidatos a partir de cuestiones fundamentales como la autonomía política, los conocimientos técnicos, la trayectoria y la capacidad probada en materia penal y administrativa.

La tarea para la creación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción será una de largo aliento. En ese camino es indispensable consolidar la institucionalización a partir de un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos para la selección y promoción de su personal, así como la definición del marco jurídico necesario y las garantías presupuestales adecuadas de forma que cuenten con las condiciones para garantizar un Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la legalidad en nuestro país. Sólo con dichas bases, la Fiscalía General y sus diversas fiscalías especializadas, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción , podrán contribuir a una adecuada procuración de justicia federal con apego a principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y certeza jurídica.

Posponer el debate público sobre el diseño de la Fiscalía General y la designación del Fiscal Anticorrupción minarían los esfuerzos que como sociedad hemos estado realizando durante los últimos años.

Para preservar esos avances se vuelve imperativo crear el andamiaje adecuado para un Sistema Nacional, que permita enfrentar correctamente uno de los problemas más dañinos para México que es la corrupción.