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Modificar las tasas del IVA para facilitar su administración

  • 30 mar 2017
  • 2 min de lectura

La economía mexicana se encuentra ante un escenario difícil y preocupante que tendrá efectos nocivos no sólo en los siguientes años, sino probablemente para futuras generaciones

El senador Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que para estimular e impulsar el mercado interno y revertir el deterioro económico, es necesario un rediseño de la política fiscal.

Ante este panorama, presentó una iniciativa para eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del Impuesto al Valor Agredo (IVA), modificar las tasas del gravamen para facilitar su administración y fomentar el federalismo fiscal.

El IVA, dijo, es un tributo indirecto cuya relevancia destaca en los ingresos federales, pero “no cumple a cabalidad el objetivo que se pretende en su recaudación, toda vez que sufre una disminución importante por las devoluciones que se realizan”.

Explicó desde la tribuna del Senado, la recaudación de ingresos por este concepto se ve mermada y los beneficiarios de la devolución no son los consumidores finales de los bienes y servicios gravados.

“La tasa 0 que se aplica en alimentos y medicinas prevista en la Ley del IVA no necesariamente brinda a la sociedad los beneficios que se pretenden, porque la autoridad fiscal ha sido poco escrupulosa en su definición de alimentos”.

Señaló que este régimen provoca que, anualmente, se regrese exclusivamente a grandes empresas un monto que, según cifras publicadas por la propia autoridad, puede alcanzar hasta los 160 mil millones de pesos, por concepto de dicho impuesto.

Así mismo propuso una tasa de 3 por cierto, en lugar de la tasa 0, prevista en el artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, “reduciendo, a su vez, la tasa general a 10 por ciento, con lo cual los consumidores no verán impactada su economía por las modificaciones en el gravamen”.

Aunado a ello, se prevé la posibilidad de que las entidades federativas impongan una tasa máxima de 5 por ciento al consumo final de bienes y servicios, misma que será administrada y recaudada por las autoridades fiscales locales.

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