No a Ley sobre uso de la Fuerza Pública

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), insta al Poder Legislativo del Estado de México a modificar a la brevedad y con plena participación de personas e instituciones expertas, así como de organizaciones de la sociedad civil, el contenido de la Ley que Regula el Uso de la fuerza Pública en dicho Estado, para adaptarla a los estándares internacionales en la materia, luego de la decisión[1] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la publicación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México en marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 68% de los integrantes de la legislatura estatal promovieron acciones de inconstitucionalidad que han sido discutidas por la SCJN. La ONU-DH saluda la decisión de la SCJN de declarar inconstitucionales cinco artículos de dicha Ley, eliminando, entre otras, la previsión que permitía el uso de la fuerza pública como un primer recurso, en concordancia con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que deben regir siempre sobre cualquier decisión en relación al uso de la fuerza.

El Representante en México de ONU-DH, Jan Jarab, expresó que “aunque en la discusión de la Suprema Corte no se alcanzó la mayoría suficiente para declarar inconstitucionales otros artículos de esta Ley que son violatorios de las normas internacionales de derechos humanos, resulta esencial que éstos sean también revisadas por el Congreso del Estado de México”.

“Evidentemente, corresponde ahora al Congreso del Estado de México adecuar a la brevedad esta legislación a fin de proporcionar claridad y certeza sobre el marco legal para el ejercicio de una de las atribuciones del Estado con mayor potencial para violar derechos humanos cuando no se realiza adecuadamente, como es el uso de la fuerza pública”, añadió el Representante.

Entre las disposiciones violatorias de derechos humanos hay disposiciones cuya falta de precisión y claridad otorga a los encargados de su aplicación una discrecionalidad tal que podrían restringir la libertad de expresión o abrir las puertas a un uso excesivo de la fuerza.

La ONU-DH exhorta al Poder Legislativo del Estado de México a realizar las modificaciones necesarias a la Ley a fin de compatibilizarla no sólo con la opinión de la mayoría de los Ministros integrantes del Pleno de la SCJN, sino también con los estándares internacionales en la materia.

Asimismo, la ONU-DH exhorta a la legislatura a aprovechar esta oportunidad para integrar en la ley disposiciones ausentes y que resultan esenciales para garantizar un marco jurídico adecuado como la prohibición explícita de armas letales en contextos de manifestaciones públicas, el establecimiento de procedimientos de sanciones claros sobre responsabilidades, en particular a superiores jerárquicos, y el establecer claridad sobre los niveles en el uso de la fuerza y uso de armas letales de conformidad con el principio de proporcionalidad.

Finalmente, la ONU-DH reitera su compromiso de continuar asistiendo y alentando decisiones que sienten la base para avanzar en los derechos humanos en México, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito legislativo.