Acciones y no cambios burocráticos

Los jóvenes luchan a diario contra la exclusión, marginación y discriminación en materia cultural, por lo que la inclusión de la Secretaría de Cultura en el Consejo Directivo del IMJUVE debe ser el principio para acabar con las manifestaciones culturales invisibilizadas, cuestionadas y perseguidas por las instituciones del Estado mexicano.

Ante la problemática que enfrentan los jóvenes mexicanos, no sólo urgen acciones concretas para darles certidumbre en materia de bienestar, seguridad y empleo, sino también implantar medidas contra la criminalización y el terrorismo histórico del que han sido objeto por parte del Gobierno Federal, exigió el diputado Guillermo Santiago Rodríguez.

Al fijar el posicionamiento de la Fracción Parlamentario de Morena sobre el dictamen de reformas al Artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), señaló que este sector de la población ha padecido por décadas exclusión política, económica, social y cultural, y que ello no podrá abatirse nada más con cambios burocráticos.

“No sólo se deben modificar ciertas cuestiones reglamentarias y burocráticas, que no resuelvan el problema de fondo: que hoy en día en nuestro país las juventudes no tienen garantizados sus derechos y no los pueden ejercer de manera libre. Eso es lo que hay que cambiar”, enfatizó.

En este sentido, consideró que el papel de la Secretaría de Cultura del Consejo Directivo del IMJUVE deberá servir como un fuerte contrapeso a las prácticas de exclusión, marginación y discriminación que viven cotidianamente los jóvenes.

Ante el pleno camaral, agregó que mujeres y hombres jóvenes tienen que luchar día tras día con lo que se ha convertido una práctica común, y que es que muchas de sus manifestaciones culturales son invisibilizadas, cuestionadas e incluso perseguidas, con base en prejuicios y estigmas, principalmente por parte de las instituciones del Estado mexicano.

Quien es el diputado más joven en la actual LXIII Legislatura, manifestó que dicho dictamen deber ser una expresión de los derechos consagrados en la Constitución Mexicana, incluidos el derecho a la cultura y a la identidad de la juventud nacional.

Asimismo, afirmó que la reforma aprobada por sí sola no puede aspirar a mayores logros, si no va acompañada de políticas públicas que en verdad garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las juventudes; es decir, el derecho a la cultura.