Dinero encajuelado mancha colegiados

El hallazgo de aproximadamente cuatro millones de pesos en la cajuela de un vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, es un escándalo de corrupción que mancha la imagen de un órgano que en teoría es el encargado de combatir estas malas prácticas dentro del Poder Judicial.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Esthela Damián Peralta lamentó que a la fecha el presidente del CJF y de la SCJN, Luis María Aguilar, no se haya pronunciado sobre este caso, más aun tratándose de un funcionario que como Francisco Javier Pérez Maqueda, asumió el cargo de director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura tras la elección del magistrado como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2015.

Damián Peralta urgió al Órgano de Control Interno del CJF que lleve las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y caiga quien caiga.

“Debemos conocer quién o quiénes están detrás y protegen a este ex funcionario. ¿Por qué se le permitió seguir en su puesto y firmar documentos oficiales varios días después del hallazgo de los cuatro millones de pesos en la cajuela de un vehículo adscrito a su oficina. Aquí hay más involucrados y debemos conocer el fondo de este escándalo”, afirmó.

Al respecto, dijo que entre las pruebas que deberán desahogar tanto la PGR como la SFP están las bases de licitaciones públicas para dos nuevos Centros de Justicia en Zacatecas y Ciudad Juárez, presupuestados en 300 millones de pesos, fechadas el 14 de febrero y firmadas por Pérez Maqueda.

“No hay lugar para la impunidad en un hecho en el que tiene que ver el titular de dos instancias como la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. En Movimiento Ciudadano exigimos que el ministro Luis María Aguilar se pronuncie sobre presunto acto de corrupción. Debiera ser el principal interesado en aplicar todo el peso de la ley en un asunto que pone en entredicho la imagen de las dependencias que encabeza”.

Sostuvo que el presidente del CJF y de la SCJN debe explicar por qué Maqueda continuó en el cargo a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades por 251 millones en 2015 en rubros que corresponden a la construcción de Centros de Justicia Penal y Salas de Juicio Oral en la Ciudad de México y Nuevo León.

Asimismo, demandó a la SFP indagar si existieron irregularidades en los 5 mil millones de pesos que adjudicaron en contratos durante el año 2015 y 2016.

Finalmente, demandó a la PGR a acelerar las investigaciones y citar a rendir declaración ante el agente del Ministerio Público federal a la Secretaría Ejecutivo de Administración del CJF, Rosa María Vizconde, a quien Pérez Maqueda acusó de criminalizarlo y atentar contra su derecho a la presunción de inocencia.