Crear leyes donde se incluya la de Protección Civil

El diseño de las leyes secundarias de la Primera Constitución de la Ciudad de México, sobre todo en los temas de Protección Civil y de Gestión Integral del Riesgo (GIR), en materia de prevención de desastres posteriores a fenómenos naturales o generados por la mano del hombre, deben ser prioridad para resguardar y garantizar la calidad de vida de los capitalinos,

Así lo manifestaron los diputados de Morena Ana Juana Ángeles Valencia y Paulo César Martínez López durante la inauguración del Foro La Gestión Integral del Riesgo en la Constitución de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez de ese poder legislativo.

Subrayaron que se debe poner especial atención en la prevención para evitar desastres y detallaron que si bien Protección Civil se menciona en nueve ocasiones en la Carta Magna capitalina, actualmente la respectiva ley es poco eficaz en su aplicación.

Reconocieron positivamente que se considere la Protección Civil y la GIR en la Constitución capitalina. En ese sentido, los de diputados de Morena y los expertos que asistieron al Foro coincidieron en que la Gestión Integral del Riesgo, debe contar con su propia ley y reglamento toda vez que la de Protección Civil quedó rebasada, además de carecer de reglamento para aplicarla.

Destacó la presencia del doctor David Alberto Novelo Casanova, presidente del Comité Científico Asesor del CENAPRED para Riesgos Geológicos; del Capitán Héctor Asdrúbal Urrutia Scobell, Director de Protección Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; del maestro Mario Álvaro Ruiz Velázquez, consultor en Sistemas de Alertas Tempranas y por el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, A. C., se contó con la presencia del ingeniero José Luis Hernández Dehesa y del doctor Rafael Pérez Vargas; así como del ex asesor constituyente Hugo Hernández Bocanegra.

Diputados y científicos coincidieron en señalar que la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México, debe estar garantizada por el Gobierno capitalino y que para ello es necesario que existan leyes secundarias transparentes, claras, oportunas y precisas, sin ambigüedades porque están de por medio las vidas humanas y de animales, así como el patrimonio de las personas y las instalaciones vitales.

En este sentido, el presidente del Comité Asesor de Riesgos Geológicos, David Alberto Novelo Casanova, manifestó la necesidad de disminuir el potencial de riesgo mediante la reducción de la vulnerabilidad en los aspectos educativo, estructural, socioeconómicos, y de servicios básicos, por lo que, aseguró, la Gestión Integral va más allá del monitoreo del fenómeno.

José Luis Hernández Dehesa, integrante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, A. C., recomendó a los legisladores la tarea de consultar la posibilidad de crear una Ley de Gestión Integral del Riesgo. En ella, señaló, se deben integrar los riesgos geológicos, meteorológicos, fisicoquímicos, e incluso, socio-organizativos.

Lamentó que a pesar de la existencia de un Atlas de Riesgos completo, la sociedad lo desconozca. Asimismo, denunció que después de dos años de la publicación de la Ley de Protección Civil, ésta carezca de reglamento.

El licenciado Hugo Hernández Bocanegra, asesor de diputados constituyentes, explicó el proceso de creación que concluyó con el Decreto y Promulgación de la Constitución, y llamó la población en general a conocer su texto constitucional, en particular los artículos 14 y 16, Apartado I, y exhortó al legislativo a crear una Ley de Gestión Integral del Riesgo así como a realizar la labor que mandata el artículo Transitorio Constitucional, para crear el Órgano relativo.

En su oportunidad, Álvaro Ruiz Velázquez, consultor en Sistemas de Alertas Tempranas, señaló que la Constitución de la Ciudad de México exigirá un Sistema de Alerta Temprana donde fuentes de monitoreo oficiales informen a la población acerca de todos los riesgos latentes.

Esta información, precisó, deberá brindarse en un lenguaje comprensible, práctico y ciudadano, no obstante que existen acciones en el documento constitucional para brindar facilidades a los sordos y para quienes no hablan el español, como muchos de nuestras indígenas.

Rafael Pérez Vargas del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión Integral y Protección Civil, destacó que su institución estableció un mecanismo de colaboración con la ALDF, así como con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, para acompañar el proceso de la actualización de la Ley de Protección Civil.