Congreso de Unión debe cumplir mandato constitucional

Resulta preocupante que el Congreso de la Unión, Cámaras de Diputados y Senadores, aún no emita las Leyes de Coordinación Metropolitana y de Capitalidad, así como la creación del Órgano del Consejo de Desarrollo Metropolitano, no obstante que la Constitución local ya fue aprobada y establece la obligatoriedad, para la Ciudad de México (CDMX), de ejercer recursos por concepto de capital de la República.

La diputada Elena Edith Segura Trejo, vicecoordinadora de la Mesa de trabajo de “Alcaldías”, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), explicó que ya transcurrió más de un año, desde el 29 de enero de 2016, cuando se publicó la Reforma Constitucional al artículo 122, en materia de Reforma Política del Distrito Federal, y el Congreso de la Unión no ha mostrado acciones contundentes para elaborar las reformas normativas y las leyes antes mencionadas.

En este sentido, la Reforma prevé en el apartado C, que la federación, la Ciudad de México, así como las delegaciones, los estados y municipios conurbados de la zona metropolitana, establecerán los mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. Y, en el mismo apartado se señala que deberá elaborarse una ley que establezca las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

En igual circunstancia se encuentra la Ley de Capitalidad, pues el apartado B de la Reforma Constitucional plantea que, al dictaminar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México, en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, y las bases para su ejercicio.

Sin embargo, el Congreso de la Unión se ha abstenido de realizar los trabajos, a fin de acatar dichas obligaciones constitucionales. Situación, que “nos orillará a incumplir a todos: al Congreso, por no aprobar una Ley específica que este mismo poder legislativo obligó a elaborar, analizar y aprobar; y a la Ciudad de México, por no elaborar el marco jurídico secundario que se establece por orden constitucional”, afirmó Segura Trejo.

“Hablamos de la capital del país, del principal polo generador de riqueza económica, cultural y social de México. De una entidad que contribuye con casi una quinta parte de la riqueza a nivel nacional, sin embargo, sólo recibe un 10% de los recursos para su funcionamiento”, abundó.

Por ello, dotar de mayores capacidades económicas a la Ciudad de México por la vía legal, no sólo tiene una causa económica, sino también una causa constitucional, pues su Carta Magna local la obliga a ejercer recursos por concepto de capital de la República, conforme a las bases que establezca la normatividad aplicable. De ahí la urgencia de solicitar la emisión de la Ley de Capitalidad.

Por tal circunstancia, Elena Segura Trejo celebró la aprobación del punto de acuerdo presentado por la Mesa de trabajo de Alcaldías de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y avalado por todas las fracciones parlamentarias, para exhortar al Congreso de la Unión a dar cumplimiento al mandato constitucional y expedir la normatividad antes señalada; además de incorporar a este órgano legislativo local en dichas labores, a efecto de coordinar esfuerzos, de manera armónica, congruente y eficaz.