Inadmisible, la discriminación: magistrado Élfego Bautista

Hoy, en pleno siglo XXI, la existencia de regímenes autoritarios o dictatoriales es prácticamente inexplicable, pues la democracia y el Estado de derecho se han consolidado a escala mundial como paradigmas en la organización y ejercicio del poder político, incluso se han iniciado guerras con ellos como estandarte, a fin de someter el poder de gobernantes al orden jurídico y que respeten los derechos humanos, dijo el magistrado Élfego Bautista Pardo, quien al presentar un análisis denominado Así es el Derecho, reitera la trascendencia del status quo que no solo vive paradójicamente la Unión Americana, sino la sinergia absolutista de un hombre que ha movido, con decretos descabellados, a las sociedades de todo el planeta.

En nuestro país –ejemplificó- gracias a la visión garantista “pro persona” de interpretación en el sistema jurídico, a la cual nos hemos referido en varias ocasiones, y al reconocimiento de un Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos, nos es difícil tolerar normas e incluso actos de autoridad que por su naturaleza, resulten discriminatorios, racistas o atenten contra la dignidad de los individuos, su libertad, igualdad o cualquiera de sus derechos.

Sin embargo, muchas veces olvidamos que la existencia de medios de limitación al ejercicio del poder, así como el reconocimiento de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas solo se explica a través de la historia, pues han sido logros de movimientos sociales y aun guerras que han costado miles de vidas.

Es pena grande que el desconocimiento y/o el menosprecio a los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la humanidad, como lo fue el holocausto, cuyo día internacional de conmemoración fue el veintisiete de enero.

Y abunda: es imperdonable olvidar ese acontecimiento entre los que desencadenaron una guerra mundial en la que murieron aproximadamente setenta millones de personas, pues significó el exterminio de una tercera parte de la población judía en Alemania y países invadidos por las tropas de Hitler, e innumerables miembros de otras minorías al amparo de disposiciones que en su momento, aunque cuestionables, fueron legales y respaldadas por las instituciones estatales y soberanas de ese país.

Esta situación nos recuerda que no todo lo que es legal es justo, y es que las políticas de segregación racial y supremacía aria imperantes, en la Alemania durante el Tercer Reich, fueron sustentadas en leyes.

Las más recordadas de esas leyes fueron las de Nuremberg del 15 de septiembre de 1935, entre las que descuellan la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, las cuales limitaron los derechos políticos a las minorías y prohibieron el matrimonio e incluso las relaciones carnales extramatrimoniales entre los judíos y los ciudadanos de sangre alemana, y que los judíos tuvieran empleados alemanes.

Por el respeto debido a la soberanía de Alemania, o quizá porque no estaban consolidadas las fuertes instituciones supranacionales que hoy conocemos, esas disposiciones no fueron suficientemente cuestionadas en su momento por la comunidad internacional.

Ha transcurrido casi un siglo y todavía son lamentables las consecuencias del régimen nazi. La crueldad fue mayúscula, tanto así que en el 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una declaración para asegurarse de que no se repitan los vergonzosos hechos cometidos, como el holocausto, e instar a sus estados miembros a educar a las actuales y futuras generaciones para prevenir actos de genocidio; a la vez condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso, violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o en las creencias religiosas

Nuestro concepto es que esa condena debe extenderse a toda manifestación que atente contra la dignidad de las personas independientemente de la fuente de la misma, máxime si ésta se concreta a implementación de políticas que afecten los derechos humanos.

Las acciones racistas y xenófobas deben de ser inadmisibles para todos, para la comunidad global, y es por ello que la ONU, para ser congruente con sus diversas declaraciones de protección y respeto a la humanidad, y los actores internacionales deben voltear hacia nuestro vecino del norte, pues las políticas de su actual Gobierno, independientemente del motivo que las impulsa, incluyen racismo y discriminación, como la orden que prohíbe la entrada de viajeros de siete países de mayoría musulmana a su territorio, y qué decir de su tan anunciado muro y la supresión de fondos federales a las urbes conocidas como ciudades santuario.

A todas luces, sus acciones atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de millones de personas, situación que no se debe dejar pasar, ya que en pleno siglo XXI debemos tener claro que la razón primera y última de la ONU y otras organizaciones supra nacionales, así como el entramado jurídico e institucional que la sostiene, es el hombre, independientemente de su color, raza, religión o lugar de origen, y por lo tanto estos factores no deben ser nunca suficientes para que sea discriminado o, en el peor de los casos, perseguido o considerado ilegal, puntualiza el magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

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