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Urgen a diputados aprobar prisión preventiva por portación de arma de fuego

24 ene 2017
2 min de lectura

La diputada Nury Delia Ruiz Ovando, urgió a la Cámara de Diputados a retomar y aprobar la propuesta que ayer anunció el coordinador en turno de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, para contemplar la prisión preventiva oficiosa por la portación de armas de fuego.


Ante el clima de violencia que enfrenta el país, la legisladora consideró necesario que en San Lázaro se consideren urgentemente los acuerdos de la CONAGO en materia de seguridad y combate a la delincuencia.


Dijo que el planteamiento que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el cual recibió el respaldo de los gobernadores que integran la CONAGO, debe traducirse en un proceso de dictaminación ágil que permita plasmar la propuesta en el Código Penal Federal, en el Código de Procedimientos Penales y en la Ley de Portación de Armas Explosivos.


En este sentido, también hizo un exhorto a los diputados federales a descongelar la serie de reformas que en diciembre de 2016 aprobó el Senado de la República con el propósito de incrementar las penas por la comisión de este ilícito, “el dictamen aún se encuentra en San Lázaro y no vemos para cuándo le den luz verde”, explicó.


Recordó que dicho dictamen establece que se convertirán en delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la posesión de cartuchos de alto calibre.


Coincidió en que las reformas que permanecen atoradas en la Cámara baja tienen como objetivo consolidar un marco legal que propicie una defensa enérgica de la seguridad pública, “y es que la legislación vigente permite portar algunas armas sin mayor consecuencia que una sanción administrativa, es decir, no existe una pena corporal para ello”.


“Esta deficiencia en la legislación pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado, como son la vida, la paz, la salud y la seguridad interior y nacional”.


Finalmente expuso que se establece que, además de castigarse con pena de prisión, los jueces podrán la facultad de incrementar la pena proporcionalmente a las circunstancias específicas de cada caso.


 
 
 

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