“Sacudir vicios” en el Poder Judicial

En el marco de la aprobación del dictamen del Artículo 42 referente a la conformación del Consejo Judicial Ciudadano, el diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de la fracción del Partido Acción Nacional, Santiago Taboada Cortina, dijo que con estas acciones se tiene la oportunidad de cambiar el modelo para sacudir los vicios que actualmente imperan, así como de involucrar a la sociedad civil para darle credibilidad a las instituciones.

En la esfera del Poder Judicial e Impartición de Justicia de la capital de la República, si bien se afirma que el Constituyente carece de facultades meta-constitucionales pero sí obedece a facciones ideológicas y partidistas oscuras, Jueces y Magistrados advierten que el Poder Legislativo local no debe ser azuzado para atentar o inmiscuirse para violentar la División de Poderes, toda vez que el Poder Judicial es un ente autónomo y con una estructura que por décadas ha funcionado en el ejercicio y beneficio de la colectividad.

Estimaron que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial federales, podrían tener injerencia en violentar el ámbito de la competencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues de lo contrario se estaría transgrediendo el espíritu que gobiernan a las instituciones Autónomas.

Y dentro de este marco de empecinamientos y controversias, los Constitucionalistas del Partido Acción Nacional, su representante ante esta instancia, Santiago Taboada Cortina, comentó que “es la oportunidad de hacer las cosas distintas, este modelo nos puede llevar a un gran acierto que, insisto, todos aquí tendremos que ser responsables en la trinchera que nos toque estar en un futuro. Se podrán incluir propuestas de los colegios de abogados, universidades públicas y privadas de esta ciudad que tienen en sus filas muy buenos y reconocidos abogados”, destacó en tribuna.

El Consejo Judicial Ciudadano estará integrado por once personas, de las que siete serán profesionales del Derecho. Deberán gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; no tener conflicto de interés; no tener militancia partidista, ni haber participado como candidatas o candidatos en un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación.

Se respetará la equidad de género y la igualdad sustantiva. Se informó que el cargo tendrá una duración de cuatro años y serán designados por dos terceras partes del Congreso, mediante convocatoria pública, a propuesta de instituciones académicas, colegios de abogados, organizaciones civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al menos, cinco años ininterrumpidos de haberse constituido.

Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán designar a las y los Consejeros de la Judicatura; Proponer al Congreso, la terna para elegir a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las fiscalías especializadas; entre otras.

“No queremos abandonar la oportunidad y dejársela a los partidos representados en la ALDF, ese es el gran acierto de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, que la ciudadanía organizada participó con firmas, se presentó ante el Congreso, participaron y se involucraron en las mesas de discusión. A eso tenemos que llegar. Esta es la oportunidad de involucrarnos y responsabilizarnos todos en el quehacer ciudadano”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Asamblea Constituyente, Santiago Creel Miranda, consideró que el Poder Judicial de la Ciudad de México experimentará en breve su “ciudadanización”, al aprobarse la creación de un Consejo Judicial Ciudadano que se encargará de proponer a los integrantes del Consejo de la Judicatura, que a su vez nombrará a los magistrados en la capital del país.

Estos cambios, dijo, introducidos en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, representan auténticos “tiros de precisión”, por lograr la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial de la Ciudad. Paralelamente hay otro cambio fundamental, que modifica de raíz la estructura del sistema judicial de la ciudad porque hoy en día el Consejo de la Judicatura depende del Tribunal Superior de Justicia. Así es en la ciudad de México y en el resto del país.

Lo que sucede entonces es que el vigilado, es decir el Tribunal Superior de Justicia, se convierte en el vigilante al participar en el Consejo de la Judicatura, lo que origina un conflicto de interés de raíz. Sucede lo mismo con las Secretarias de Contralorías o de Función Pública. Por eso no funcionan, ni van a funcionar. Hay un conflicto de interés de raíz porque el Presidente del Tribunal Superior de Justicia hoy preside el Consejo de la Judicatura, cuya facultad es supervisar, vigilar, administrar al propio Poder Judicial. Eso no puede ser, él mismo Poder se vigila a sí mismo.

Estamos rompiendo con esto. Espero que este sea un ejemplo que se repita en todo el país. Que acabemos con las simulaciones de conflictos de interés; la corrupción surge en el fondo de conflictos de interés, cuando se confunde el interés privado, el interés de grupo, el interés particular con el interés general.

De esta forma, adelantó el voto a favor por estos dos factores fundamentales: ciudadanización e independencia plena en la supervisión del Poder Judicial en la Ciudad de México.

lasalejo@yahoo.com