MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES PARA SANCIONAR A FUNCIONARIOS QUE INCUMPLAN SU PROTESTA

Waldo Fernández González, diputado del Grupo Parlamentario del PRD, propuso modificaciones a la Constitución Política de nuestro país para establecer que la protesta de los funcionarios públicos no es sólo un acto protocolario previo al inicio del ejercicio de sus funciones, sino un compromiso público cuyo incumplimiento implicará sanciones por perjurio constitucional.

En la iniciativa, el legislador explicó que su propuesta tiene como propósito coadyuvar al Sistema Nacional Anticorrupción, haciendo énfasis en lo indispensable que es el que se concrete, en las acciones cotidianas, el primer compromiso público que -a través de la protesta- hacen los funcionarios o representantes populares que integran los tres Poderes de la Unión.

“La protesta, como sabemos, significa el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Aplicar puntual e ineludiblemente esas disposiciones constitucionales y legales en el ámbito jurídico que a cada funcionario le corresponda y hacer que se apliquen.

Ésa es la obligación que se adquiere al rendir la protesta constitucional, la cual es sinónimo de promesa o juramento. Es comprometer la palabra y, con ella también, el honor y la dignidad de quien la realiza”, argumentó el diputado por Nuevo León.

Detalló que la percepción de debilidad gubernamental y ausencia del Estado de Derecho –que comparte una considerable parte de la población en muchas entidades federativas- son algunos de los motivos que obligan a legislar al respecto, pues de acuerdo a la Encuesta Global de Fraude y Percepción de Corrupción 2016, realizada por la firma Ernst & Young, México se ubicó en la sexta posición en percepción de prácticas de corrupción y sobornos.

En 2012, la misma encuesta detalló que la percepción de incidencia de corrupción fue de 60 por ciento, índice que se elevó hasta 82 por ciento este año.

Transparencia Internacional -organización que promueve medidas contra la corrupción política en el ámbito internacional- detalló que el costo de la corrupción en nuestro país es de 1.5 billones de pesos al año, cifra que equivalente a una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras emitidas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Además, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reveló en el informe titulado ¨La corrupción en México: Transamos y no avanzamos”, que la corrupción, en sus distintas clases, genera pérdidas para nuestro país por 900 mil millones de pesos al año; debilita a los gobiernos y hace más difícil la gobernabilidad y la estabilidad de una región o un país, generando desconfianza de los ciudadanos hacia los gobernantes, dando como resultado el debilitamiento del tejido social.

“En conclusión, en la protesta del cargo, el servidor público se obliga estrictamente a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; es decir, se trata de un juramento de lealtad al orden jurídico vigente”, sostuvo el parlamentario.