AYOTZINAPA, UN DOLOR QUE NO PASA, UN DOLOR QUE NO SE OLVIDA

Hace 24 meses, 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero fueron víctimas de desaparición forzada, al día de hoy se desconoce su paradero, su suerte y su condición de vida o incluso -de ser el caso- las condiciones de su muerte.

Dos años después de esa desaparición forzada, el Estado Mexicano en su conjunto no ha tenido la capacidad o la voluntad para esclarecer estos terribles hechos.

Ha detenido y sujetado a proceso a más de 100 personas, de haber analizado más de 1000 enlaces de telefonía celular, de haber realizado innumerables diligencias tanto en Iguala como en las comunidades aledañas para entrevistar a la población y para allegarse de información sobre lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, al día de hoy, la sociedad pero sobre todo los padres y las madres de estos 43 jóvenes estudiantes, siguen sin saber a ciencia cierta lo que realmente ocurrió esa fatídica madrugada.

La Procuraduría General de la República (PGR), con sus distintos titulares, ha seguido sosteniendo lo que en su momento se llamó la “verdad histórica” y que a la luz de las investigaciones independientes realizadas por el GIEI se ha convertido en la “mentira histórica”.

Hace unos días mantuvo en su cargo a una de las personas que mañosamente fraguó desde su escritorio de la Ciudad de México (CDMX), una parte importante de esa fallida verdad, personaje por cierto, unas horas después fue de nueva cuenta protegido por el presidente Peña Nieto al nombrarlo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), cubriéndolo con ese nombramiento de nueva cuenta con el amplio largo manto de la impunidad.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha merecido la atención nacional e internacional durante estos dos años y se ha convertido en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos dentro del inmenso universo de casos de graves violaciones que se han presentado en esta administración.

Pese a esa atención nacional e internacional, este caso se inserta al igual que muchos otros miles de casos, en ese penoso círculo de impunidad, de desconocimiento de la verdad, de ausencia de medidas efectivas de reparación del daño y desde luego de inexistencia de medidas de no repetición.

Y en este último aspecto quiero hacer énfasis, pues precisamente cuando se comete una violación a los derechos humanos, una de las acciones más efectivas para sancionar esas violaciones y para mandar un mensaje de cero tolerancia y cero permisividad es la implementación de medidas de no repetición que aparejadas a las medidas de acceso a la justicia, constituyan un conjunto de acciones destinadas a reparar el daño de manera simbólica pero sobre todo, a evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse.

Cuando a 24 meses de aquellos hechos no sabemos la verdad de lo ocurrido, no hay ninguna persona sentenciada, no hay un reconocimiento del Gobierno Mexicano sobre su responsabilidad y todas las víctimas siguen sin ser reparadas integralmente, sólo me queda concluir que lamentablemente, este tipo de desapariciones forzadas se seguirán presentando en México, pues no existen ni la fuerza institucional ni la voluntad política para investigar, sancionar y evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Según las cifras más recientes dadas a conocer de manera oficial existen más de 28 mil personas desaparecidas en México, 28 mil historias de niñas, mujeres, jóvenes, hombres, personas mayores, madres, hijas, hijos, esposas, esposos, seres queridos que están ausentes y que han sido arrancados de su seno familiar de manera violenta, historias que no pueden sernos ajenas, historias que tienen que conmovernos y movernos a actuar de manera decidida frente al gravísimo fenómeno de las desapariciones forzadas e involuntarias que aqueja nuestro país y que parece agravarse cada día más.