Elsabueso Mexiquense

Veracruz contra Duarte

Veracruz es, probablemente, el caso más emblemático, la descomposición social alcanza distintos feudos estatales. A la largo de la geografía nacional —Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo— se observan hechos perturbadores de violencia criminal, indolencia gubernamental y peligrosas fragilidades institucionales. En ese contexto, los gobernadores aparecen como actores/factores de riesgo para el régimen democrático y la gobernanza de sus estados, ya que actúan con altas dosis de discrecionalidad, irresponsabilidad e ineficacia para la provisión de servicios públicos, encauzar y proteger el ejercicio de libertades civiles y garantizar la integridad de sus habitantes.

Es uno de los estados donde la mafia y el poder reinan desde que el libre acceso al narco fue permitido por el actual gobernador Javier Duarte de Ochoa que se ha ganado el apodo de “El tirano de la prensa”, según la organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión. A dos meses de que concluya su polémico mandato constitucional, el aún gobernador intenta una serie de argucias legales para blindar su salida sexenal y de paso maniatar al próximo gobernador del estado, su acérrimo rival y expriista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Ante ese panorama, resulta recurrente solicitar el reforzamiento de la seguridad pública por parte de fuerzas federales, ya sea mediante “operativos conjuntos” o una intervención política y policiaco-militar, como se ha hecho en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Tamaulipas. No obstante, ésta tampoco se ha mostrado como una solución adecuada y duradera.

En el fino entramado para matizar conflictos políticos y de señalización tras su salida, el gobierno de Duarte también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33º constitucional (fracción XLII) para facultar al Congreso la designación (con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados) del contralor general, a propuesta del titular del poder ejecutivo, esto antes que concluya el sexenio. Al respecto, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata fustigó que resulta evidente que Javier Duarte intenta dejarle al nuevo gobierno un funcionario con poder suficiente para obstaculizarle su labor y que responderá a los intereses del gobierno que se va y no a los de la sociedad.

Un gobernante con graves problemas de personalidad en realidad podría constituir una amenaza permanente para consolidar su impunidad: Hace bien el Partido Revolucionario Institucional en sacarlo de sus filas, pero hará mejor si coadyuva para que todos los que, ”la hagan… la paguen”, se debe procesar penalmente a Javier Duarte y todos los que han sido señalados por corrupción.

elsabuesomexiquense@gmail.com 26092016