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POR LEY LAS JORNADAS NOTARIALES SERÁN OBLIGATORIAS EN CDMX

19 sept 2016
2 min de lectura

El gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), publicó en la Gaceta Oficial, las reformas a Ley del Notariado, elaboradas por el diputado del GPPAN, Luis Mendoza Acevedo, las cuales establecen como una obligación dar continuidad anual a las Jornadas Notariales en los meses de febrero y marzo, otorgado reducciones en impuestos para la escrituración de inmuebles y tramitación de sucesiones.

El Vicecoordinador de la fracción del PAN y autor de esta iniciativa presentada en mayo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señaló que “es crucial defender el patrimonio de los capitalinos con este tipo de acciones a través de una cultura por el notariado hoy ya plasmado en ley”.

“Es un avance, más que para el PAN, para los ciudadanos; ya no es un tema de gobierno, ahora ya es ley. Cualquier persona que llegue a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá que acatar esta normatividad en beneficio del patrimonio de la gente”, celebró el Presidente de la Comisión Notarial y Registral en la ALDF.

De acuerdo al artículo 17 del decreto publicado en la Gaceta Oficial, los notarios públicos podrán participar con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio de Notarios con autoridades del gobierno central, en programas de fomento a la vivienda, de regularización de la tenencia de la propiedad del inmueble, entre otros servicios.

Cabe mencionar que las Jornadas Notariales a implementarse a partir de esta publicación, serán en coordinación con la Dirección General de Regularización Territorial y autoridades fiscales, a que refiere la fracción XXVI del artículo 2 de la Ley del Notariado del DF.

El panista Luis Mendoza se congratuló con esta publicación en la Gaceta Oficial por parte del jefe de Gobierno y proyectó algunos beneficios hacia los capitalinos:

Primero, atender la demanda de los capitalinos sobre el futuro que buscan darle a su patrimonio, fortalecer la cultura por el notariado en la capital, cumplir con la función regularizadora de los bienes inmuebles y evitar conflictos civiles, familiares o penales debido a la falta de escrituración o de testamentos.

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